Gerardo Villanueva escribió: El otro propósito del Sistema Tributario

Gerardo Villanueva/Trascender Online Opinión

Muchos piensan que la Reforma Fiscal surgió cómo una medida para eficientar la recaudación hacendaria en nuestro país, mediante de la implementación de nuevas tecnologías y la reinvención de los regímenes  fiscales; sin embargo, el tema trasciende totalmente el terreno de la recaudación y trastoca el de la seguridad pública.

Durante el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, ante la falta de acuerdos con la oposición para emitir una Reforma Fiscal integral, se impulso el andamiaje jurídico que intentaría erradicar el financiamiento a grupos delictivos y con ello mermar su poder económico; es así como surgió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, llamada comúnmente “Ley Antilavado”, y la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. En dicha norma se establecieron las “Actividades Vulnerables” cómo  los primeros vestigios de los esquemas de evasión fiscal y su sanción penal, con la participación y vigilancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con el actual marco jurídico fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) posee datos personales precisos de cada contribuyente, proporcionados por los patrones, instituciones financieras o de seguridad social; de tal manera que cada operación que las personas físicas o morales realizan, son monitoreadas a través de la emisión de Certificados Fiscales Digitales (Facturas Electrónicas) y de las respectivas transferencias electrónicas que reciben en sus cuentas bancarias. De tal forma que el propio sistema hacendario da seguimiento oportuno a los ingresos y egresos de los contribuyentes, teniendo facultades para actuar en caso de que exista evasión fiscal.

Al adoptar el presente modelo, México se incorporó a las naciones que adoptaron las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para  combatir el lavado de dinero y financiamiento a grupos delictivos; por lo que su calificación positiva aumento en los informes que emiten las instituciones valuadoras de “Mejores Practicas para el Desarrollo Económico”.

Por desgracia, aún no se resuelve el tema de la malversación de los recursos públicos, puesto que la reforma solo sirvió para establecer mecanismos de fiscalización y sanciones para las particulares, soslayando el seguimiento hacendario de los recursos que las Dependencias y Entidades de los tres niveles de gobierno ejercen respecto a la adquisición de bienes y servicios. Al respecto, no basta que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establezca los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, pues a pesar de que los Órganos de Fiscalización Locales realizan auditorías, deben delinearse mecanismos legalmente reconocidos que permitan revisar la comprobación del gasto público con mayor transparencia.

Otra cuestión pendiente es la reducción del uso de efectivo, que permitiría atacar problemas como corrupción, informalidad y falta de inclusión financiera; basta recordar que la piratería es una fuente de ingresos del crimen organizado, asimismo, las dádivas o comisiones a los funcionarios públicos pueden ser otorgadas en efectivo, por lo que disminuir la disposición de efectivo permitiría darle mayor control a las autoridades hacendarias para verificar el origen de tales recursos.

Si bien es cierto que las recientes disposiciones fiscales promueven la integración de los comerciantes informales al Régimen de Incorporación Fiscal y hacen  accesibles los trámites de incorporación, declaración y pago de los impuestos; también es verdad que el principal objetivo fue el de combatir la evasión fiscal a través de la generación de bases de datos que permitieran vigilar a todos los contribuyentes e identificar “Actividades Vulnerables”.

Lo lamentable, es que cada día hacemos más complejo nuestro sistema tributario y aún no es suficiente para erradicar la corrupción y malversación de los fondo públicos; tal pareciera que resulta más rentable para el Estado vigilar y someter a los ciudadanos, que comprometerse a combatir a fondo los temas pendientes y que tanto reclama nuestra sociedad.