Milena Mollinedo
San Cristóbal de Las Casas.- Familiares de Alejandro Díaz Santis y el Colectivo de ex presos llamado Solidarios de la Voz del Amate, exigieron su libertad ya que es considerado un preso político y está enfermo.
Al cumplirse un año de que fuera trasladado forzosamente al CEFERESO de Villacomaltitlán, cárcel de máxima seguridad, pidieron al gobierno su libertad pues argumentan se le acusa de un crimen que no cometió.
Don Antonio Díaz Velásquez, padre de Alejandro Díaz Santis, manifestó quiero pedir al gobierno la liberación de mi hijo, lleva 17 años y 5 meses encarcelado injustamente.
Remarcó que Alejandro, pasó aquí en el Cereso 5 de San Cristóbal, 16 años y 5 meses, encarcelado y hoy se cumple un año que lo trasladaron a Villacomaltitlan Díaz Velásquez, afirmó que su hijo está enfermo de la vista, pero no solo de los ojos, también padece otras enfermedades y no tiene medicamentos.
Alejandro Díaz Santis, es un Indígena tzotzil, quien está preso desde 1999, fue detenido en Veracruz y luego sentenciado.
Al momento del arresto no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no tenía una defensa legal.
Cuando estuvo en los penales de Veracruz sufrió de tratos discriminatorios por ser el único indígena entre los internos.
Después de varios traslados Alejandro llegó al penal de San Cristóbal, en donde conoció a Alberto Patishtán, aprendió hablar español y se organizó con otros presos en un colectivo Solidarios de la Voz del Amate, adhiriéndose a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación EZLN.
Tras muchas acciones emprendidas, los integrantes del colectivo, excepto Alejandro, consiguieron su libertad en julio del 2013.
Desde entonces Alejandro Díaz Santis, ha continuado concientizando a los Internos sobre sus derechos y ha denunciado atropellos y corrupción de las autoridades penitenciarias.
Los familiares consideren que Alejandro fue trasladado como venganza, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos y no callarse ante los abusos de las autoridades penitenciarias.