El «Plan Alianza para la Prosperidad», la tutela de EEUU en el Istmo Centroamericano

Trascenderonline.com.mx

Fredy López Arévalo

El torrente imparable de la migración hacia el Norte, es motivo de alta preocupación en los Estados Unidos. Lo es, y tanto, que el Departamento de Estado lo considera ya un problema de Seguridad Nacional. No se trata de cuántos pasan a diario por la frontera con Chiapas, Tabasco y Campeche; sino del aluvión imparable, del flujo constante y permanente, que no solo satura el linde entre México y Guatemala y de México con Belice, sino que va más allá y se extiende por vía marítima a lo largo del Pacífico desde Ecuador, Panamá, y Costa Rica, y que toca de nuevo Chiapas y Oaxaca, hasta alcanzar la frontera norte de México con Estados Unidos.
Es a todas luces una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos ordenar la casa en el llamado traspatio, con sus vecinos al sur del Río Grande, que es donde se genera la mayor presión hacia su frontera por el flujo permanente de miles de Sudacas y centroamericanos, sumados al propio éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos. Resulta insoportable para la economía del coloso del norte, por más que algunos estudiosos sostengan que la mano de obra de los migrantes internacionales termina siendo el motor que mueve los engranes de la agricultura, la industria y los servicios en aquélla Nación.
Estados Unidos acaba de comprender que no es con muros ni vallas ni persecución policiaca sino con el desarrollo sostenido y sustentable de las débiles economías en los países emisores y la administración de los enclenques sistemas democráticos en las naciones del Istmo, como podrá desalentar y acaso frenar la creciente ola migratoria hacia Estados Unidos.
Por eso aprieta tuercas a los gobiernos del Istmo, y condiciona y vigila la cooperación internacional, para que la ayuda económica a países como Guatemala, El Salvador y Honduras, se aplique en programas y proyectos que generen arraigo e inhiban la migración de ‘adultos’ y ‘menores no acompañados’.
Así, el Departamento de Estado de los Estados Unidos asume el control del llamado ‘Plan Alianza para la Prosperidad’, mediante el cual canaliza 750 millones de dólares a las tres naciones que conforman el llamado ‘Triángulo del Norte’ y alienta la participación de México con el llamado programa ‘Sin hambre’ para generar en esas naciones las condiciones necesarias de arraigo para inhibir el imparable flujo migratorio hacia Estados Unidos.
Tarde han comprendido en Estados Unidos que solo con gobiernos más democráticos, instituciones sólidas y respeto irrestricto a los Derechos Humanos se podrán generar las condiciones necesarias para el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos; y tarde también México pretende implementar allende su frontera sur un programa que en México ha resultado un fracaso como política pública para paliar las carencias de millones de mexicanos, que al igual que al sur del río Suchiate ven en la migración a Estados Unidos la última posibilidad de empleo y bienestar para ellos y sus familias por la aberrante concentración de la riqueza en pocas manos, frente a ejércitos de desposeídos.
Por eso el Congreso de Estados Unidos estableció que el Departamento de Estado debe imponer 16 obligaciones de estricto cumplimiento a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y un ‘plan de gasto plurianual’ que explique el uso de los fondos para cada país, así como los objetivos, e indicadores para medir el progreso y una línea de tiempo para implementar la estrategia del llamado ‘Plan Alianza para la Prosperidad’.
Es por así decirlo ‘una garantía’ que los congresistas morteamericanos han impuesto a los gobiernos de las tres naciones del llamado ‘Triángulo Norte’ para trasladarles el 75 por ciento de los fondos etiquetados dentro del ‘Plan Alianza para la Prosperidad’; unos 562 millones de dólares que estarán bajo observación directa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
El recurso deberá ser implementado en proyectos que dinamicen los sectores productivos, propicien el desarrollo de capital humano y los sistemas de protección e inclusión social, la seguridad ciudadana y acceso a la justicia, y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.
El 25 por ciento de los recursos (unos 187 millones de dólares) son condicionados a cuatro aspectos: informar a los ciudadanos de los peligros de viajar a Estados Unidos; combatir el tráfico de personas y la trata; mejorar la seguridad fronteriza y facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes; el 50 por ciento (unos 375 millones de dólares) está condicionado a 12 programas: contrarrestar las bandas criminales, traficantes de drogas y delincuencia organizada; investigar y procesar a miembros del sistema de justicia, fuerzas militares y policías que violen los derechos humanos; cooperar con las comisiones contra la impunidad y de derechos humanos; impulsar programas para reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico.
México es el hermano mayor de Centroamérica, pero padece, al igual que las naciones del Istmo, de los mismos defectos que los Estados Unidos buscan atender en Honduras, El Salvador y Guatemala, para contener él aluvión creciente de migrantes que presiona día a día su frontera al sur del río Suchiate, sin que exista barrera ni valla ni fuerza policial capaz de frenar esa ola que más bien pareciera un tsunami y que representa hoy por hoy uno de las principales amenazas a su Seguridad Nacional, según los propios congresistas norteamericanos y el Departamento de Estado (que no es otra cosa que el llamado Pentágono, encargado de velar por la seguridad interna de los Estados Unidos).