El Estado/Agencia
La Cuenta Pública de 2016 del estado de Chiapas será la más fiscalizada en la historia de la entidad, sobre todo en lo que respecta a los recursos ejercidos por el sector salud, esto por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.
Y es que el diputado federal chiapaneco Guillermo Santiago Rodríguez propuso un punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el Plan Anual para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016 se incluya la fiscalización de todos los recursos públicos destinados a la operación, funcionamiento y oferta de servicios del sector salud en Chiapas.
Esto, tanto de aquellos ejecutados por el gobierno federal como los ejercidos por el gobierno del estado, en razón de la crisis que actualmente impera en el sistema de salud pública en dicha entidad.
En este sentido, el más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública reveló que Chiapas es una de las entidades que ha incurrido en mayores irregularidades en el ejercicio del gasto público.
En el reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace acreedor al gobierno de Chiapas de un importante número de observaciones que dan parte de un daño al erario calculado en 2 mil 934 millones de pesos, convirtiéndose en la cuarta entidad a nivel nacional con el mayor monto observado derivado de las anomalías en el manejo de los recursos públicos.
Asimismo, los resultados de la auditoría de la cuenta pública dieron cuenta de numerosas anomalías en el ejercicio de los recursos pertenecientes al FASSA, en las que habrían incurrido diversas entidades federativas.
Destacan inobservancias respecto a la programación inicial del presupuesto, incumplimiento de las reglas de operación, opacidad en los procesos de radicación y vigilancia e incluso desvíos millonarios perpetrados por los gobiernos de Chiapas, Guerrero y Michoacán.
En este rubro, en Chiapas, el daño a la Hacienda Pública ha sido calculado en 343 millones 633 mil 100 pesos, causado principalmente por realizar pagos por servicios personales sin documentación probatoria y por conceptos no autorizados, así como por inconsistencias en el entero y presunto desvío de las cuotas SAR y Fovissste.
Según consta en la auditoría número 623-DS-GF, el Instituto de Salud del estado de Chiapas (ISECH), ejecutor de los recursos procedentes del FASSA, habría incurrido en distintas faltas en la gestión del fondo.
Por ello, entre otras irregularidades, el diputado federal propuso dicho punto de acuerdo para que la cuenta pública sea minuciosamente fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación.