Durante 2016, México retrocedió 28 lugares en el Indice de Percepción de la Corrupciòn (IPC) elaborado por la organización Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana difundido la noche de ayer martes en el que se establece que el país obtuvo una calificación de 30 puntos en una escala de 0 a 100. Con ello, México se coloca, en el lugar 123 de 176 que son evaluados por dicha organización y en el lugar 35 de 35 países que forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
De acuerdo al diagnóstico de la organización, Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016. Según el informe, en la región, México sólo esta arriba de Nicaragua y Haití.
La valoración de Transparencia Internacional destaca además que la falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país.
Para Transparencia no es suficiente con un cambio institucional, pues las transformaciones legales e institucionales involucran acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes.
Al emitir recomendaciones que debe seguir México para revertir esta situación Transparencia refiere que es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa.
En cuanto los congresos de la Unión y locales deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
Asimismo, puntualizó que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
Por La Jornada en Línea
