El Estado/Agencia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 8 de mayo (El Estado).- Los diferentes conflictos que se han presentado en la entidad por la disputa de concesiones o espacios han ocurrido por la negligencia que ha tenido la Secretaría del Transporte en estos cuatro años y medio de gobierno, precisó Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas.
Este fin de semana se registró un enfrentamiento entre el grupo transportista de la MOCRI y Amotac en el municipio de Villaflores que dejó como resultado daños materiales y personas heridas.
Por esa razón, Bustamante Grajales pidió al gobierno del estado a que no se entreguen concesiones en la entidad, porque no hay condiciones para realizarlo, por la ausencia de un estudio de factibilidad.
Recordó que, desde hace unos meses, han alertado a la ciudadanía y a la autoridad de la supuesta entrega de concesiones en la ciudad de Tapachula, pero éstas son apócrifas.
Mencionó que en aquel municipio agentes de ventas, a nombre de la Secretaría del Transporte, pedían entre 50 y 120 mil pesos para obtener este permiso. Agregó que semanas después la misma dependencia estatal emitió un comunicado donde informaba que no habría concesiones.
No obstante, se sorprendió que días posteriores la Secretaría convocó para que se opinara sobre la instalación de la Comisión Consultiva para analizar la expedición de estos documentos, a 20 días de que finalice la convocatoria; esto fue catalogado como riesgoso, tomando en cuenta la situación actual que vive el estado.
Destacó que hace unos años frenaron la entrega de cinco mil 800 concesiones irregulares, lo que constituiría el fraude más grande en Chiapas, aunque se evitaron por la intervención del gobierno del estado.
Continuó: se atienda y se resuelva el tema de la tarifa al servicio del pasaje urbano y suburbano, en virtud que los insumos del transporte se han elevado en casi un 60%, en estos últimos cuatro años y medio no se han atendido.
Finalmente, el presentante de un sector transportista pidió una puntual vigilancia para que todo ciudadano, transportista o servidor público que haga mal uso de la Ley, se le aplique la justicia conforme a derecho.