El Estado/Agencia
El grupo de Mexicanos Primero, a través de un comunicado, puntualizó que el Gobierno del estado de Chiapas no garantiza educación de calidad a los niños de esta entidad.
Como parte de su tarea de seguimiento y defensa del derecho de las niñas y niños a aprender, Mexicanos Primero, a través de su brazo jurídico Aprender Primero, realizó una serie de acciones para verificar el cumplimiento por parte del Gobierno del Estado de Chiapas de lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), con motivo del paro sindical al inicio del ciclo escolar 2016-2017, que duró alrededor de doce días y que provocó el cierre de 58% de los planteles educativos, afectando aproximadamente a 760 mil estudiantes de ese estado, señaló.
Mexicanos Primero detalló que se elaboró una solicitud de información a la Secretaría de Educación del estado respecto a los docentes que habían sido separados del cargo y/o nombres de los docentes a los que se les realizaron descuentos por los días de inasistencia, a lo que respondió la dependencia estatal que no recibió reportes de incidencias relativas a faltas injustificadas en el periodo solicitado.
Posteriormente, se realizó la presentación de escrito en ejercicio del derecho de petición dirigido a la Secretaría de Educación de Chiapas, solicitando que se iniciaran los procedimientos respectivos para separar a los trabajadores de la educación que tuvieron más de tres faltas injustificadas, como marca la LGSPD.
La petición no recibió respuesta en el plazo que establece la ley, por lo que Aprender Primero inició una demanda en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en contra de la Negativa Ficta y pidiendo la intervención del Judicial ante esta omisión del Ejecutivo. Esta demanda está en trámite, de acuerdo al comunicado.
También, se interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas en contra de los servidores públicos que no cumplieron con lo dispuesto en la LGSPD, en relación a separar del cargo a los docentes que faltaron injustificadamente por un periodo mayor a tres días.
Sin embargo, el 17 de febrero se notificó a Mexicanos Primero la resolución a dicha denuncia, en la que la Secretaría de la Contraloría General determinó que no existen elementos de prueba que permitan fincar alguna responsabilidad, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades se advierte que todas las acciones tomadas fueron con la única finalidad de no exponer la integridad física y psicológica de los menores alumnos, así como la integridad física laboral de los docentes para no confrontarlos con los grupos que se manifestaban contra la reforma educativa.