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Discurso del senador Roberto Gil Zuarth, durante el Foro Internacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso”

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Comunicado/Trascender Online Noticias

 Por mucho tiempo, el debate sobre nuestro modelo de justicia penal se articuló desde la perspectiva de los acusados. Y con justa razón: bajo el modelo inquisitivo, la policía torturaba para probar la autoría; el Ministerio Público aprehendía para investigar y la defensa se desplegaba en franca inequidad procesal.

 La justicia penal era, en la gran mayoría de las veces, resultado de una suma de injusticias procesales. Surgió entonces, en buena hora, una larga lucha doctrinal, jurisprudencial y legislativa por el debido proceso, por el respeto irrestricto a todos los derechos de las personas que se someten a la función punitiva del Estado, por la igualdad de armas en el debate penal entre acusadores y acusado, por el trato imparcial y cierto a quienes se apartaron de la ley y enfrentan sus consecuencias.

 Por alguna extraña razón, en esos debates no incluimos a las víctimas en la ecuación del debido proceso; es como si hubiéramos dado por descontado que el Ministerio Público se encargaría de garantizar siempre sus derechos e intereses. Que para restablecer a las víctimas en la posición que tenían antes del hecho ilícito, bastaba simplemente con fortalecer las capacidades del Estado para procurar y administrar justicia. Que si el Estado era eficaz para aplicar la sanción penal, las víctimas tendrían, por ese solo hecho, resueltas sus pretensiones y sus expectativas. Que ver tras las rejas a los culpables, era la única necesidad valiosa de una víctima.

 Sin embargo, la realidad nos ha ido demostrando que la revictimización es el gran desafío de la política institucional de nuestro país. Que el abandono de las víctimas es el primer derecho que se les viola; la primera causa de revictimización. La falta de acceso a un abogado que los oriente, de un médico que los atienda, de una autoridad que busque a la víctima, de una respuesta oportuna e idónea a su condición justamente de víctima.

 La ausencia de una policía que la defienda, de un Ministerio que muestra interés y esfuerzo en su caso, de un juez que vele efectivamente por sus derechos.

 A partir de causas personales que se convirtieron en aspiraciones de justicia, empezó un movimiento para equilibrar el péndulo e inició un trayecto, una trayectoria para construir una auténtica política de Estado, que no solamente reconozca y garantice los derechos y pretensiones, sus prestaciones básicas de las víctimas; sino que también establezca las facultades y las obligaciones mínimas de cada una de las instituciones que tienen alguna intervención en la defensa y promoción de los derechos de los sujetos procesales del debate penal y especialmente de las víctimas.

 Una política de Estado que inició con la creación en la esfera administrativa de una Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, que evolucionó después con la creación de una ley a un órgano colegiado.

 Una ley que pretendía establecer claramente los tramos de responsabilidad de las distintas esferas y los órdenes de gobierno, que trataba de conectar los servicios sociales básicos a la atención de las víctimas.

 Y por supuesto, una Reforma Constitucional que, como ya bien mencionaba el diputado Jesús Zambrano, está en la lógica de garantizar los mismos estándares de atención a las víctimas con independencia del lugar en el que se ubiquen, en el lugar donde hubiesen sido víctimas de algún ilícito.

 La realidad de la construcción de esa política de Estado es que no todas las entidades federativas han hecho su trabajo.

 Ya lo decía bien el diputado Jesús Zambrano: no todas las entidades federativas han emitido la ley a la que están obligados, y no todas las entidades federativas han constituido a las autoridades básicas para la defensa de los derechos de las víctimas.

 Y por supuesto, las indemnizaciones restitutorias que establece la ley no se han focalizado en función de las realidades victimales que la sociedad mexicana debe inevitablemente de atender precisamente para volver a construir la justicia.

 La Reforma Constitucional que le da facultad al Congreso General para legislar en materia de víctimas, es una nueva oportunidad para dar un paso adicional en la construcción de esa política de Estado.

 Tenemos que empezar a hablar en este país, del garantismo de las víctimas, la defensa, promoción de sus derechos, de sus necesidades, de la atención y de su condición, precisamente por la calidad que tienen frente al Estado.

 Y en la construcción del garantismo de las víctimas tenemos que recoger los aprendizajes de estas primeras etapas, de lo que no ha funcionado en la construcción de estas instituciones.

 Corregir lo que funciona mal, fortalecer la respuesta del Estado en la protección efectiva de las víctimas, distribuir claramente las competencias, establecer cuáles son las soluciones, cuando una autoridad local no atienda o no quiera atender a una víctima, qué autoridad estará ahí precisamente para responder frente a una víctima que está requiriendo y necesitando la atención solidaria del Estado precisamente porque es su derecho.

 Esta Reforma Constitucional, como ya decía nuestra querida Isabel, es esa oportunidad. El Senado de la República estará atento a la construcción de esa nueva etapa en la defensa del derecho de las víctimas.

 Una nueva Ley que establezca y que renueve el compromiso de las instituciones del Estado Mexicano para con las víctimas.

 Una nueva Ley que las ponga en el centro de la atención del Estado Mexicano, no por una concesión graciosa, sino porque es su derecho como ciudadanos de este país.

 

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