Ciudad de México.- La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, que ha participado en diversas iniciativas tendientes a combatir la corrupción, como en su momento la propuesta 3 de 3, en la que fuimos centro de acopio de firmas, declara su apoyo a la petición del sector empresarial y comercial de nuestro país, que se ha manifestado recientemente, a favor de la aprobación de leyes que erradiquen la corrupción y la impunidad en México.
En la CANACOPE ServyTur Ciudad de México sabemos que la oportunidad histórica que compartimos es inmejorable, desafortunadamente el legislativo dejó pasar la posibilidad de consolidar un Sistema Nacional Anticorrupción de vanguardia, con un marco de vigilancia que redujera ostensiblemente la opacidad en el manejo de los recursos públicos; sin embargo, desoyeron el clamor social en un punto fundamental, el hacer públicas las declaraciones de los funcionarios, una demanda básica de la sociedad. Y no sólo eso, reviraron la mira de la iniciativa colocando a las empresas -sobre las que ya existen mecanismos de vigilancia-, como objetivo del escrutinio, haciendo que sean sus administradores y trabajadores los que presenten y hagan pública la declaración en los formatos 3 de 3. A todas luces, una absurda sobrerregulación.
En ese sentido, ahora queda en las atribuciones del Presidente de la República, el aprovechar o desperdiciar esta iniciativa ciudadana que demanda un marco de leyes que consoliden la transparencia y combatan de manera eficaz el enriquecimiento ilícito. Es por ello, que la CANACOPE ServyTur Ciudad de México, respetuosamente hace un llamado al Ejecutivo Federal, para que analice la Ley de Responsabilidades Administrativas aprobadas por el Legislativo, particularmente en la redacción de los artículos 29 y 32, que establecen que las declaraciones serán parcialmente públicas a criterio del Comité de Participación Ciudadana y que los empresarios que tengan negocios donde haya recursos involucrados, deberán hacer una declaración patrimonial ante el órgano de control, respectivamente. Esperamos que en el marco de sus facultades Constitucionales, el Ejecutivo de cabida al justo reclamo de los ciudadanos sobre lo inoperante de los artículos citados.
Para la CANACOPE ServyTur Ciudad de México, este paquete de leyes es insuficiente si no incluye la total publicidad de la declaración de los funcionarios públicos, parte indisociable de la cultura de la corrupción, pues son ellos los que establecen desde la potestad de sus oficinas y en total discrecionalidad, la redacción «a modo» de las convocatorias, «asignaciones directas» de los contratos y la manipulación de los presupuestos para favorecer o castigar a las empresas participantes.
En México, como en otras partes del mundo, la corrupción no es un fenómeno que se origine en la sociedad. La cultura de la corrupción comienza en la clase política y funcionarios que buscan los privilegios económicos a base del influyentísimo.
Para el sector empresarial y comercial, resulta un agravio lo expresado por Senadores -para fundamentar su actuar-, sobre que la corrupción se genera en el sector empresarial. A todas luces una infortunada concepción de la mecánica de ese flagelo social, del que mezquinamente se excluye a administradores y funcionarios públicos.
Sí para que se dé un acto de corrupción se requiere de dos, el artilugio usado por los Senadores no alcanza para ocultar que quien induce, quien da pie y genera la oportunidad, no es el que concursa por participar como proveedor, ni el que ofrece sus servicios y debe procurar cubrir y cumplir diferentes requisitos para acceder a un negocio, pues simplemente el concursante está a merced de quien dicta las reglas y asigna los contratos.
El generador de la corrupción es quien decide el destino de licitaciones y contratos, es el funcionario público que más allá de ejercer sus atribuciones y honrar la confianza de la sociedad para dirigir y administrar los recursos públicos, busca a través de los moches, diezmos, mordidas, la dádiva o de la simulación, obtener beneficios fuera de la legítima remuneración por sus servicios.
Por El Sol De Toluca
