CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano no sólo descalificó el informe del relator de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al tachar de parcial o imprecisa la información que utilizó: también le pidió eliminar cinco observaciones sobre la reforma del Código de Justicia Militar, entre ellas una que lamenta el otorgamiento de facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas a la justicia castrense.
En su informe de seguimiento sobre México, el relator Juan Méndez señala que, a dos años de su visita en el país, la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados, entre ellos la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica.
A lo largo de las 21 cuartillas del informe, el experto señala las deficiencias de la justicia militar, deplora la impunidad generalizada en casos de tortura y de desapariciones forzadas, exhibe los malos tratos a los migrantes, critica las pésimas condiciones de reclusión y se preocupa que entre 2010 y 2015 ningún soldado haya sido suspendido por violaciones sexuales ni por desaparición forzada.
Y, mientras los legisladores mexicanos debaten sobre una Ley de Seguridad Interior que dotaría a los militares de un marco legal para actuar en labores de seguridad pública, el relator de ONU reitera que las labores de seguridad deben estar en manos de fuerzas de seguridad de naturaleza civil y no militar pues, como afirma la CIDH, las violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas por integrantes de las fuerzas armadas demuestran la relación entre la impunidad y denegación de justicia en México.
El documento será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 34° periodo de sesiones, que se llevará a cabo el próximo mes.
Justicia, en dos de cada cien delitos
En su informe, el relator lanza un grito de alarma ante la impunidad generalizada que impera en el país, donde apenas dos de cada cien delitos encuentran justicia. En materia de tortura, la impunidad alcanza 99.6%: según Méndez, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura emitió sólo 19 órdenes de aprehensión derivadas de los 4 mil 715 expedientes de averiguación previa abiertos al respecto.
Además, apenas una de cada veinte presuntas víctimas de tortura que presentan quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibe un examen forense. Tan sólo 185 exámenes han sido practicados en 2014, deplora.
En materia de desaparición forzada, el diagnóstico es igual de aterrador. La falta de investigaciones diligentes y efectivas es asombrosa y la impunidad en esta materia alarmante, plantea.
El relator es particularmente severo al observar las deficiencias en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero sigue desconocido. Llama la atención que ninguna autoridad estatal o federal haya sido procesada por estos hechos, ni por las graves irregularidades advertidas por el GIEI en la investigación, señala.
De manera más general, Méndez condena que el Ministerio Publico acepte sin más el argumento de necesidad de uso de la fuerza pública por parte de la policía en contra de personas detenidas
Aún queda mucho más por hacer para prevenir, investigar y sancionar de forma real y efectiva este tipo de delitos por parte de fuerzas militares y policiales para que la tortura y los malos trataos en México dejen de ser una práctica generalizada, subraya.
Se permite sugerir
Algunas observaciones del informe no fueron del gusto de la administración de Enrique Peña Nieto, que entregó a Méndez sus comentarios sobre el documento.
En tono diplomático, planteó: El gobierno de México se permite sugerir la conveniencia de eliminar los párrafos 13, 14, 15 16 y 17 del informe.
En estos párrafos, Méndez llama al Estado mexicano a eliminar a la brevedad la figura del arraigo, y deplora que el gobierno no incluyó sus observaciones en la reforma del Código de Justicia Militar con el pretexto que podrían implicar la derogación tácita del fuero militar.
El gobierno pidió retirar las observaciones según las cuales los tribunales militares siguen competentes para juzgar casos de violaciones a los derechos humanos cuando la víctima y el agresor sean militares, y que es preocupante que en la reforma de 2016 un número considerable de actuaciones judiciales y de investigación se hayan otorgado a la jurisdicción militar, como las facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas.
Estas disposiciones genéricas y amplias ( ) vulneran los estándares internacionales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), advierte Méndez.
Para justificar su petición de eliminar los párrafos del informe final, el gobierno mexicano argumentó que la figura del arraigo está cayendo en desuso, que el Estado había reconocido la jurisdicción contenciosa de la CoIDH y que la jurisdicción militar mexicana no aplica en casos de violaciones a los derechos humanos de civiles.
Otros casos fueron negados o minimizados por el gobierno.
Respecto del video que evidenció la tortura de una mujer por elementos de la Policía Militar y de la Policía Federal en febrero de 2015, el gobierno aseveró que los elementos castrenses fueron procesados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y fueron internados en una prisión militar.
Sobre el caso de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, el gobierno expresó su desasosiego y aseveró que no se acreditaron elementos suficientes para someter a proceso a personal militar, pero que esta circunstancia de ninguna manera implica impunidad.
El gobierno también aseveró que el incremento del número de quejas ante la CNDH por presuntos actos de tortura, no demuestra de forma real y objetiva que se haya incrementado la comisión de estas conductas, pues únicamente contienen los argumentos de los presuntos agraviados.
En materia migratoria, el gobierno no desmintió a Méndez cuando éste extendió su preocupación al saber que la detención migratoria es la práctica general y no la excepción.
No es la primera altercación entre Méndez y el gobierno mexicano. Al terminar su primera visita en México, en abril de 2014, el experto aseveró que la tortura estaba generalizada en el país; el año siguiente, reiteró esta observación en su informe relativo al país, pese a las presiones del gobierno mexicano para cambiar la palabra, situación que denunció a Proceso.
La publicación del informe causó mucha molestia en el gobierno mexicano, que descalificó tanto el documento como su autor: Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario de la SRE, cuestionó en público el profesionalismo y ética del relator de ONU. En marzo de 2016, el gobierno mexicano le negó el acceso al país, donde quería realizar una visita de seguimiento.
Tardanza
Cuando los relatores y comités especializados de la ONU realizan un informe, contrastan información de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno; posteriormente, envían al gobierno una versión preliminar del informe para recibir sus comentarios.
En este caso, Méndez envió el borrador al gobierno mexicano el pasado 16 de noviembre. Las autoridades tardaron cerca de tres meses en responder, y los comentarios llegaron apenas el pasado 13 de febrero. La tardanza del gobierno provocó que el experto no pudiera integrar los comentarios en el informe, por lo que decidió publicarlos aparte.
Por Proceso
