El Estado/Agencia
Personal que laboraba en la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) en Chiapas, denunciaron que desde marzo de 2016 han sufrido hostigamiento, acoso laboral y despidos injustificados parte del titular de la dependencia, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez.
De acuerdo con Dulce Ángela López Martínez, Dolores Patricia Castellanos Zavala, Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, Antonia Hernández Girón y Julio César Méndez Sánchez, sus derechos humanos se han violentado de manera sistemática por razón de género.
Esta situación, dijeron, se debe a que de manera arbitraria y deliberada fueron levantadas las tarjetas laborales que controlan la asistencia de entrada y salida de la dependencia y les informaron (sin justificación) que estaban despedidas, a pesar de tener de cuatro a 16 años de servicio.
En conferencia de prensa, Hernández Girón recordó que el 4 de marzo de 2016 recibieron una notificación que indicó la separación del cargo por necesidades del servicio, sin fundamentar los motivos reales del despido. Hasta la fecha dicho funcionario público no ha querido tener audiencia con el personal inconforme.
Debido a los agravios, acudieron a varias dependencias gubernamentales; una de ellas, la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos donde obtuvieron medidas cautelares a efectos de suspender desde ese momento cualquier acción tendiente a un cese o despido injustificado, agrega el comunicado que fue entregado a los medios de comunicación.
Sin embargo, a pesar de esta disposición el acceso a la dependencia estatal les fue negado; el siguiente paso fue promover un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas para la protección de sus derechos laborales.
El titular de la SEDESPI fue notificado de esta resolución pero hizo caso omiso y fue hasta la segunda notificación, enviada también al Consejero Jurídico del Gobernador, para que instruyera al servidor público a respetar dicha orden.
Incluso, solicitaron al gobernador del estado a que analice este problema y le de solución, porque desde el 15 de mayo de este año les levantaron, de nueva cuenta, las tarjetas y les hicieron su depósito adelantado hasta este 30 de mayo pero no han realizado actividades al interior de la Secretaría.
Lamentaron que, por denunciar estas irregularidades, desde el 2 de mayo de este 2017, comenzó una campaña de hostigamiento e intimidación sobre el sentido definitivo del juicio de amparo y su revisión y les volvieron a notificar que se daba por terminada la relación laboral.
Finalmente, solicitaron la restitución inmediata de tres compañeras que fueron cesadas, que no haya represalias para Dulce Ángela López y Julio César, quienes a la fecha no se les ha imposibilitado el derecho al trabajo
Pero también pidieron un alto al acoso laboral y responsabilizaron a Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, titular de la dependencia y a Marcos Shilón Gómez, director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, de cualquier acción intimidatoria, difamatoria e inclusive judicial, que atente nuestra integridad, dignidad y sobre todo que busque descalificatoria y denigratoria, de nuestro buen nombre y en especial por nuestra condición de género.