CIUDAD DE MÉXICO.- Los tribunales electorales de los estados ganaron autonomía con la última reforma electoral (2014), pero perdieron recursos pues, al no depender del Poder Ejecutivo local, muchos gobernadores optan por no concederles recursos y, a veces, ni siquiera tienen una sede para operar.
Los organismos de Morelos, Yucatán, Tabasco, Querétaro y Baja California Sur, son los que se encuentran en peores condiciones, de acuerdo con testimonios recabados por este diario.
Según un estudio elaborado por César Wong, tesorero de la Asociación de Tribunales Electorales y Salas Regionales de la República Mexicana, un tribunal electoral local recibe, en promedio, 48.8 millones de pesos anuales.
Sin embargo, el presupuesto de 14 tribunales está por debajo de esa cifra. Destaca el de Baja California Sur, que recibe 9 millones de pesos, y el de Morelos, que cuenta con 12 millones.
La decisión del Congreso local de recortarles más de 10 millones pesos respecto a 2015 propició que los magistrados presentaran una controversia constitucional contra la decisión. Sin embargo, la Corte la rechazó.
El Poder Ejecutivo había considerado en su proyecto de presupuesto 17 millones de pesos (ejercieron 22 millones en 2015). Por eso consideramos que, a través de una controversia constitucional, la Corte podría revisar la fundamentación y motivación por parte de nuestro Congreso, porque no encontramos una razón para disminuir los recursos, explicó el magistrado Hertino Avilés, presidente del tribunal electoral morelense y de la ATSERM.
El expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván, aceptó que la no asignación de recursos obedece a que ya no existe ningún mecanismo legal que los subordine a los mandatarios estatales.
En una ocasión, un gobernador me dijo: si yo no los propongo, mi Congreso no los designa, por qué les voy a pagar, indicó Galván Rivera.
Por ello, propuso que el presupuesto federal incluya una partida presupuestal para dotarnos de recursos, o bien, se apruebe una reforma legal que obligue a los congresos estatales a brindarles recursos en los presupuestos locales.
Fernando Bolio, presidente del Tribunal Electoral de Yucatán, informó que el órgano a su cargo opera una casa, con presupuesto anual de 23 millones de pesos.
Sí nos afectó (la reforma que les dio autonomía). Operamos con entre 30 y 32 personas, no tenemos secretarias, operamos en una casa, indicó.
Aunque el magistrado Flavio Galván aseguró que los tribunales electorales locales no deben desaparecer, pues son parte de la esencia de una república federal, el consejero electoral Roberto Ruiz sostuvo que su desaparición ayudaría a disminuir el costo del aparato burocrático del país.
Si sus sentencias son revisadas, en prácticamente todos los casos, por las salas regionales y la sala superior, habría que pensar en cuál es su utilidad real, explicó Ruiz.
Por El Financiero
