CIUDAD DE MÉXICO.- Por acuerdo de todos los partidos políticos, el Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral (INE) preparan una estrategia y un pronunciamiento nacional para llamar a las autoridades y a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno en el país, a abstenerse de pintar con los colores de sus partidos los edificios y bienes públicos, como autos, placas, entre otros.
No más edificios azules, amarillos ni rojos. Tampoco autos rotulados, placas, taxis, parques, bibliotecas, auditorios.
Proceder de esta manera es muy cuestionable, toda vez que con ello se ahonda en esa vieja y errónea concepción de la moral patrimonialista, heredada de la tradición institucional de la Corona española, en la que lo público es considerado como una extensión de lo privado, ya que el monarca era el propietario original y, por tanto, podía disponer de la manera que le diera la gana, señala el oficio.
También se trabaja en un programa del INE y sus representaciones en los estados los Oples, que contiene campañas públicas de difusión para fortalecer la cultura democrática entre la población y las autoridades administrativas, para que el ejercicio del gobierno esté caracterizado bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en los empleos, cargos o comisiones.
El documento avalado por unanimidad en el Pleno de la Comisión Permanente, el pasado 17 de agosto surgió a raíz de una propuesta de la diputada federal priista por Tlaxcala, Edith Anabel Alvarado, y logró la firma de los integrantes de la Primera Comisión del PRI, PAN, PRD, PVEM y Morena.
El oficio que se prepara para ser enviado al Ejecutivo federal, a los estados y municipios, argumenta que la alternancia política en los diferentes niveles de gobierno constituye un avance democrático en la vida pública de cualquier país. Sin embargo, la mayoría de las veces este hecho no es acompañado de las debidas prácticas gubernamentales.
Se precisa que es muy habitual, sobre todo en el ámbito administrativo, que cuando un determinado gobernante asume el cargo y su antecesor era de otro partido político, decide pintar las instalaciones del gobierno del partido político que lo postuló, lo cual también se hace extensivo a los espacios públicos como parques, bibliotecas, deportivos, auditorios, etcétera.
Explicó que resulta necesario generar, promover, respetar y garantizar códigos de ética con vocación democrática en todas las autoridades gubernamentales, del nivel que sea. ¿Acaso no son suficientemente claras las disposiciones constitucionales que la Carta Magna les mandata, a todos los servidores públicos, cuando les exige que se conduzcan bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones?
Alvarado dijo que el documento está en curso de ser enviado a todos los gobiernos, y pidió a todos los servidores públicos recuperar lo mejor de la tradición romana, donde el cargo público era un honor, en el que se sacrifica la esfera privada a la luz del escrutinio público, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, necesarias ética y funcionalmente para el servicio público.
Por El Financiero