El presidente Enrique Peña Nieto firmó y envió al Congreso de la Unión un primer paquete de ocho iniciativas de reformas constitucionales y cuatro legales con miras a garantizar una justicia cotidiana pronta, expedita, profesional, eficaz y sin corrupción.
Como parte de la propuesta para resolver conflictos vecinales, incidentes de tránsito o disputas que surgen de la convivencia diaria, en un solo día y no en semanas o meses, plantea una Ley General de Justicia Cívica, así como una Ley General de Justicia Itinerante para, mediante caravanas, jueces visiten los lugares más alejados y recónditos de la geografía nacional.
Además, el Jefe del Ejecutivo federal firmó un decreto presidencial para la solución de controversias entre la Administración Pública Federal y particulares. Subrayó que la justicia cotidiana es la que reclaman los trabajadores, vecinos, madres y padres, y la que más frustración produce cuando se queda sin resolver. Advirtió que nueve de cada 10 juicios que se desarrollan en el país están fuera del ámbito penal y que es la justicia cotidiana la que facilita la paz social.
En Palacio Nacional, el mandatario puso énfasis en que es la justicia cotidiana la que hace la diferencia en la vida diaria de los mexicanos.
Acompañado por académicos, especialistas e investigadores de Derecho, afirmó que estas propuestas que se derivan de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, desarrollados en nueve mesas durante 14 semanas impulsan una transformación estructural de la justicia en los ámbitos más cercanos a la gente.
En el evento estuvieron presentes además el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales; el presidente de la Conago, Gabino Cué; el coordinador de la Comisión de Justicia de la Conferencia y el consejero jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos.
El Presidente aseveró que los mexicanos demandan soluciones sencillas y prácticas, acordes con su ritmo de vida actual.
Casi 90% de las controversias presentadas ante los poderes judiciales de nuestro país son distintos del ámbito penal, subrayó.
Destacó que los diálogos fueron convocados por el gobierno de la República, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Propuestas. El Presidente expuso los objetivos centrales de las ocho iniciativas de reforma constitucional.
La primera es para crear el Sistema Nacional de Impartición de Justicia para una mayor articulación entre los poderes judiciales y los órganos del Estado que imparten justicia. Eventualmente se harían realidad los juicios en línea.
La segunda busca fortalecer la independencia de los poderes judiciales locales y se impulsa que los jueces y magistrados se nombren a partir de conocimientos y experiencia para elevar la calidad de la justicia. Otra más busca privilegiar la resolución del fondo de los conflictos evitando que formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a los mexicanos.
El presidente Peña Nieto propone crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para unificar en todo el país las reglas en esta materia. Tenemos que evitar la disparidad de derechos y lograr que en todos los estados prevalezcan las mejores prácticas. No es aceptable que una madre tarde años en obtener la custodia o la pensión para su hijo.
Explicó que otra iniciativa es para ampliar la aplicación de la justicia oral en el ámbito mercantil y una más para crear la Ley General de Medios Alternos de Solución de Conflictos.
En pocas palabras queremos superar el dicho que dice: Más vale un mal arreglo que un buen pleito. El objetivo es lograr un buen arreglo sin llegar a un pleito, agregó.
El Presidente detalló que las iniciativas de reforma legales buscan a su vez un cambio estructural al modelo de justicia laboral para proteger mejor los derechos de los trabajadores.
En este rubro, una iniciativa de reforma busca un marco nacional de mejora regulatoria que permita contar con trámites gubernamentales más rápidos y sencillos. Se trata de reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades y con ello cerrar espacios a la corrupción.
En el paquete de iniciativas se contempla una para homologar el funcionamiento de los registros civiles con lo que se podría obtener el acta de nacimiento o de matrimonio vía internet. La última propuesta es crear una Ley General de Registros Públicos y Catastros para brindar certeza sobre propiedad de su vivienda y tierras.
En su intervención, Sergio López Ayllón, director general del CIDE, enfatizó que transformar la justicia es recimentar el Estado constitucional. Es darle vigencia a los derechos, y uno de los mejores remedios contra la impunidad.
Édgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, dijo que estos órganos están comprometidos con la justicia cotidiana. Queremos justicia que alcance a todas y a todos.
Por El Universal
