·En 2014, las pérdidas económicas por fraudes a usuarios de tarjetas de crédito ascendieron a un mil 279 millones de pesos
·De enero a octubre de 2015, la Condusef recibió 58 mil 758 solicitudes de aclaración por diversas anomalías relacionadas con las tarjetas de crédito
Comunicado/Trascender Online
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso, senadores del Grupo Parlamentario del PRI hicieron un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que realice las acciones necesarias, con el propósito de que las instituciones bancarias agilicen la respuesta a las quejas que presentan usuarios de tarjetas de crédito.
En los últimos años, advirtieron, las pérdidas económicas por fraudes a tarjetahabientes han aumentado de 696 millones de pesos en 2009, a un mil 279 millones de pesos en 2014, con lo que se dejan ver las grandes repercusiones sobre el patrimonio de los usuarios de tarjetas de crédito.
Los legisladores detallaron, a través del documento, que de acuerdo con cifras de la Condusef, en 2014, el monto total reclamado por los tarjetahabientes sumó tres mil 565 millones de pesos; mientras que de enero a octubre de 2015, recibió 58 mil 758 solicitudes de aclaración por diversas anomalías relacionadas con las tarjetas de crédito.
Aunado a esto, de acuerdo con el reporte Consumidores globales: perdiendo la confianza en la batalla contra el fraude, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en fraudes por tarjetas de crédito.
Al respecto, los senadores del PRI resaltaron que para la Condusef, las quejas atribuibles a un presunto fraude se refieren a hechos como el robo o extravío del plástico, clonación de la banda magnética, compras ilícitas realizadas de manera remotas o ventas por teléfono o internet, transferencias electrónicas no reconocidas, robo de identidad o falsificación de datos personales y las prácticas engañosas para obtener datos en cajeros automáticos.
Los presuntos fraudes, agregaron, se cometieron principalmente a través de las terminales punto de venta con un 68 por ciento y las transacciones realizadas a través de internet, teléfono o banca móvil, con 31 por ciento.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.
