La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de quien presentó la denuncia no tiene calidad de afectado.
El pasado 15 de marzo, José Antonio Ortega, director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, denunció a Álvarez Icaza por el presunto delito de fraude en perjuicio a la Federación por un monto aproximado de 2 millones de dólares, que fue el costo de la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El Ministerio Público de la Federación que inició la averiguación previa del caso, después de analizar los elementos de la denuncia, determinó que no era procedente.
La PGR informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la consulta de no ejercicio de la acción penal. La notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del gobierno federal, el 4 de abril, informó la dependencia.
Ortega Sánchez explicó que interpuso la denuncia en contra de Álvarez Icaza, puesto que fue él quien firmó el addendum del acuerdo para la incorporación técnica del grupo de expertos para la investigación de los normalistas desaparecidos, y éstos presuntamente no cumplieron con la labor encomendada.
Los expertos han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tienen que ver con lo establecido en el acuerdo y su addendum. Han pretendido sin sustento, pero con una clara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar los avances de la investigación de la PGR basados en evidencia e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los supuestos verdaderos responsables, a señalar sin pruebas la supuesta responsabilidad en los hechos del Ejército y a tratar de que el más de un centenar de autores materiales e intelectuales de las desapariciones y asesinatos, que están detenidos, queden libres e impunes, se lee en la demanda.
Por medio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, la PGR inició el expediente en contra de Emilio Álvarez y abrió una averiguación previa.
El 23 de marzo pasado el director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal no ratificó su denuncia y solicitó más tiempo al Ministerio Público para aportar documentos, pero tampoco lo hizo; en ese sentido, la PGR consideró no ejercer acción penal al no cumplirse los requisitos.
Por el UNIVERSAL
