Walter Rincón Rovelo/Trascender Online
Es evidente el auto sometimiento del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios al gobernador Manuel Velasco Coello, que incluso menosprecia el artículo 2 de la Ley que da origen y autonomía a ese organismo, al rendirle tributo como si fuera moneda de cambio, para seguir embolsándose un salario mensual nada despreciable de 159 mil 513 pesos, libre de impuestos.
Trinidad Palacios no pierde la menor oportunidad para enaltecer al gobierno de Velasco como garante incansable de los derechos humanos, a pesar de que Chiapas, se ubica entre los tres estados del país con más violaciones a las garantías individuales, según reporte de la CNDH emitido el año pasado. (ver nota del periódico El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cuatro-estados-los-que-mas-violaciones-a-dh-cometen.html)
Pero la culpa no es del indio, sino el que lo hizo compadre
La obediencia absoluta que guarda el ombudsman chiapaneco al Ejecutivo tiene su origen cómplice en la inobservancia de la ley, por quienes deberían cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Chiapas empezando por el mismo gobernador Manuel Velasco.
Trinidad Palacios como buen priista rancio que es, cree que al estar bien con dios está protegiendo su estéril figura al frente de la CEDH, pasándose por el arco del triunfo todos aquellos acontecimientos sociales que han terminado en baño de sangre producto de una inoperante Secretaría de Gobierno a cargo de Juan Carlos Gómez Aranda.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento fuerte, llamado, recomendación o extrañamiento de la CEDH al gobierno del estado por los abusos de poder que ha cometido en contra de sectores que históricamente han sido reprimidos y utilizados como carne de cañón.
Por citar dos ejemplos, el caso de los maestros que en este año se han enfrentado en repetidas ocasiones con las fuerzas de seguridad, teniendo como resultado la muerte de un profesor, uniformados lesionados y hasta secuestrados, y qué decir del caso Oxchuc, en donde más se tardó la Procuraduría General de Justicia (PGJE) en detener a los líderes antagónicos de la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, que liberarlos producto de la negociación de la ley, esa que según el responsable de la política interna de Chiapas, no se negocia.
En ese particular caso, la CEDH emitió tímidamente un comunicado el 12 de enero en donde asegura que la Visitaduría Regional Adjunta del Municipio de Ocosingo, integró el cuadernillo de investigación CEDH/OJ/4334/2015, en el que se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Subsecretaría de la Región Altos Tsotsil-Tseltal, diversas medidas precautorias, para la protección de los derechos humanos de las personas involucradas. Pero de ese cuadernillo de investigación nada se ha dicho, el ombudsman continúa durmiendo el sueño de los justos; le apuesta al olvido del tema y eso que solamente se trata de solicitar a las áreas responsables medidas precautorios, ahora si se tratare de una recomendación, no sería difícil suponer cuál sería su destino: el archivo muerto.
Lo que sí raya en el desparpajo es el boletín emitido el 26 de enero, con motivo a una visita de cortesía que la Subprocuradora de Justicia, María Susana Palacios García le hizo a Trinidad Palacios. El comunicado redactado sólo sirvió para leer entre líneas que el ombudsman es un empleado más de la obesa nómina del gobierno del estado.
«Este acercamiento que tenemos con la Procuraduría, es para trabajar más y de manera constante, manteniendo a los servidores públicos de esta dependencia actualizados en esta materia de derechos humanos, reconozco la voluntad política del gobernador Manuel Velasco Coello, quien ha implementado en su gestión el respeto irrestricto a los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos».
¿Qué dirán los maestros y la gente de Oxchuc, de esta retórica?
En fin, vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error, y eso lo sabe y aplica Juan Óscar Trinidad Palacios, prominente ganadero de Tonalá y quien deberá cargar en su humanidad los escombros que deja a su paso el gobierno del estado producto de las violaciones sistemática a los derechos humanos.