OEA condena que militares juzguen a civiles en Venezuela
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo ayer que el régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura, que ha existido en Sudamérica en décadas anteriores.
En un mensaje en video en el que condenó que fiscales militares hayan acusado a ciudadanos, en referencia al informe de una ONG que denunció el fin de semana que una veintena de civiles fueron enviados a prisión por un tribunal militar, Almagró estableció un paralelismo con el pasado latinoamericano.
Para Almagro, procesar civiles desde la justicia militar vulnera todos los principios básicos de democracia y derechos humanos (…) Ya lo dije en el pasado y hoy es más que oportuno reiterarlo: en Venezuela murió el estado de derecho.
Los gobiernos de América Latina lo vivimos en el pasado, hemos luchado contra la impunidad y hemos dicho: Nunca Más a la dictadura y a la represión, manifestó Almagro.
Desde la OEA hemos generado mecanismos para preservar y proteger la democracia en todos y cada uno de los Estados parte. No podemos guardar silencio frente a un abuso tan evidente de los derechos humanos básicos de los venezolanos, dijo.
Almagro acusó además al gobierno de Maduro de estar desestabilizando no sólo a su país, sino a toda la región, y aseguró que Venezuela ha llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente pueda expresarse y redemocratizar el país.
Cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza, indicó Almagro.
En tanto, las autoridades venezolanas celebraron ayer una reunión para debatir la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el presidente Nicolás Maduro, pero sin la presencia de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que califica la iniciativa de fraudulenta.
El jefe de la comisión presidencial para estos asuntos, el ministro de Educación, Elías Jaua, aseguró que 17 partidos asisten a esta reunión en el palacio presidencial de Miraflores y que las puertas seguirán abiertas para quienes quieran ir a escuchar de primera mano y de manera oficial los argumentos del Ejecutivo.
Especialmente hacemos un llamado a los voceros de la MUD, por la paz de nuestro país, a que reflexionen y puedan sentarse aquí a conversar, a dialogar entre venezolanos, como hermanos que somos. Tenemos profundas diferencias, pero estamos obligados a legarles a nuestros hijos una Venezuela en paz, y el camino es el diálogo, dijo desde Miraflores a través del estatal VTV.
El ministro expuso los nueve propósitos de la Constituyente, que son: la paz como necesidad y anhelo de la nación, el perfeccionamiento del sistema económico nacional, la constitucionalización de los programas sociales, la ampliación de las competencias del sistema de justicia para erradicar la impunidad, la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, y la defensa de la soberanía y la integridad de la nación ante el intervencionismo extranjero.
Además, agregó la reivindicación del carácter pluricultural del país, la inclusión de un capítulo de los derechos de la juventud y la preservación de la vida en el planeta.
Por su parte, la oposición venezolana realizó ayer protestas en las principales ciudades del país. Miles de personas salieron a las calles para marchar en rechazo a la Constituyente.
Es un truco para perpetuarse en el poder, dijo Julio Borges, el presidente del Parlamento de mayoría opositora, justificando la ausencia de la MUD en el primer debate constitucional.
La única solución es que los venezolanos puedan votar libremente, agregó el diputado durante una movilización que, nuevamente, fue bloqueada con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad en Caracas, como la mayoría de las que se han organizado casi a diario en el último mes de manifestaciones.
En medio de la ola de movilizaciones callejeras, la peor de los últimos tres años, al menos 38 personas han fallecido y otras 591 han sido detenidas, según el grupo defensor de derechos humanos Foro Penal. La oposición responsabiliza a Maduro de la crisis económica del país.
Por El Universal
