Gerardo Villanueva Toledo escribió: La paradoja de la representación popular
Gerardo Villanueva Toledo/Trascender Online Opinión
En los últimos años las redes sociales han detonado la participación activa de los mexicanos en los asuntos públicos, desde las denuncias hasta el seguimiento delas acciones y omisiones de quienes integran los órganos de gobierno. En ese sentido y de manera particular, ha incrementado el interés de los usuarios sobre la preparación académica de los legisladores y funcionarios públicos; inclusive, algunos han tomado la iniciativa de crear plataformas informativas para evaluar su desempeño, cómo lo es Cabildo Ciudadano.
El tema ha trascendido tanto qué el pasado mes de marzo, la Senadora Panista Sonia Rocha Acosta, presentó una iniciativa de reforma al articulo 55 de la Constitución Federal, para que se requiera a los candidatos a Diputados y Senadores licenciatura, título y cédula profesional.
Si bien es cierto que un país que aspira a tener instituciones fuertes y justas, debemos exigir que los integrantes del gobierno sean hombres y mujeres con altos niveles de preparación; también es vedad que México está conformado por una gama de sectores sociales, económicos, étnicos y religiosos querequieren de su inclusión en la toma de decisiones y sin ser marginados por sus propias y especiales limitaciones educativas.
Y es que el ciudadano debe saber que los conceptos de servidor o funcionario público y representante popular son totalmente distintos, pues el primero realiza funciones públicas cómo parte de una relación laboral y de responsabilidad administrativa, designado a través de un nombramiento para cumplir tareasdeterminadas y especiales dentro de un órgano del gobierno; mientras qué el segundo, proviene del reconocimiento a la existencia de grupos sociales que necesitan ser representados, son electos por los propios ciudadanos y su objeto jurídico es el de evitar la concentración de la representación en segmentoslimitados de poder, sea por condición económica o académica.
El funcionario público, por su propia y especial naturaleza, está condicionado a cumplir con una preparación académica suficiente y necesaria para desarrollar sus funciones, pues es nombrado para atender y resolver áreas específicas del propio gobierno; en tanto que, el representante popular no necesariamente debe tener un perfil educativo para estar en condiciones de representar al grupo social que lo eligió, pues en el desarrollo de sus actividades cuenta con funcionarios públicos que lo asisten para que las inquietudes de sus electores sean convertidas en normas jurídicas o puntos de acuerdo que exhorten al Poder Ejecutivo a darles prioridad.
En Chiapas existen distritos electorales locales y federales cuya conformación territorial aglutinan municipios indígenas y de bajo nivel educativo, sería un error marginar a éstos sectores negándoles ser representados en el Congreso Local, porque sus ciudadanos no puedan cumplir con el requisito de elegibilidad de tener licenciatura, título y cédula profesional. En México existen poblaciones que no cuentan con preparatorias y universidades que les permitan obtener un nivel académico optimo y acorde a la temeraria propuesta de la Senadora.
La propuesta solamente promovería la migración de aspirantes con alto nivel académico a los distritos electorales más marginados, en virtud de la carencia de liderazgos locales que cumplan dicho requisito; de manera que el representante electo sería ajeno totalmente a sus representados.
Limitar la representación solo a los grupos sociales con licenciatura, título y cédula profesional sería pugnar por una oligarquía disfrazada; y en todo caso, debería ser asumida por estudiosos del derecho, pues ni los ingenieros civiles, médicos, psicólogos y entre otros, tienen los conocimientos básicos y adecuados para la creación, modificación y derogación de leyes, partiendo de dicha lógica simplista.
Hemos olvidado que las leyes provienen de los ciudadanos, que solo aquel que ha vivido en su respectivo entorno, conoce sus sentimientos, anhelos y necesidades; segregar a grupos que por su propia condición no poseen los recursos para adquirir una preparación académica atenta contra nuestra democracia e identidad cultural.
La verdadera solución estaría en que todas y cada una de las fuerzas políticas destinaran mayores recursos para preparar a sus bases, crear universidades o instituciones que doten de preparación académica a sus militantes, para que estén preparados para asumirlos cargos y representaciones para los que contienden. Al final, ese es precisamente el objeto de los partidos políticos, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
