Entrevista concedida por el Senador Roberto Gil; habla sobre la extradicción de «El Chapo» Guzmán, entre otros temas

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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Buenos días, está un poco fresco y el calor de Colima no llegó a aquí a hacer nada, porque tenemos una mañana un poco fresca.

Bienvenidos, me da gusto saludarlos.

Feliz Año, les deseo lo mejor para 2016, para ustedes y sus familias; que sea un año lleno de salud, de éxitos y mucha felicidad para todas y todos ustedes.

Como saben, estamos ya en la víspera del inicio del periodo de sesiones. La próxima semana los grupos parlamentarios celebrarán sus plenarias, se irá perfilando la agenda de este periodo legislativo, una agenda del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de esta Legislatura.

Inevitablemente uno de los temas que va a ser central en este periodo es la reforma policial o la famosa reforma de mando único, que ya hemos platicado de algún otro momento.

Es importante precisar o aclarar que en los últimos días la posición de los gobernadores se ha movido hacia un modelo más centralizado. El pronunciamiento de CONAGO de alguna manera abandona la posición de mando único y se acerca más a la propuesta del Presidente de la República en el sentido de desaparecer las policías municipales y sustituirla por una policía estatal.

El tema de mando único va a ser inevitablemente uno de los temas centrales de esta agenda. De este periodo. Acción Nacional va a insistir en la iniciativa que hemos presentado, que es un modelo mixto, en el cual cada realidad va a tener una respuesta específica desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque estamos convencidos de que una solución de tabla rasa no es la que le conviene a nuestro país, porque la realidad no es la misma.

También, como ustedes saben, los próximos días vamos a iniciar la discusión sobre las alternativas de regulación a la marihuana derivada de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hemos llegado a un acuerdo con la Cámara de los Diputados, el Consejo Técnico Asesor ya quedó debidamente instalado, servirá de espacio de análisis técnico, de generación de información, de aporte de conocimiento científico al debate para ambas cámaras y empezaremos a celebrar, en reuniones temáticas, a partir de los próximos días, hasta agotar los distintos aspectos que entendemos se encuentran relacionadas con esta discusión, desde los aspectos de salud pública hasta evidentemente  la política criminal o la revisión de la política criminal con respecto a la producción, comercialización, tráfico y consumo de drogas y específicamente con el tema de la marihuana.

De los pendientes del periodo anterior, tanto de los que se generaron en la Cámara de Senadores como las que recibimos de la Cámara de Diputados, podríamos mencionar que inevitablemente el Senado entrará a la discusión de la minuta con respecto a zonas económicas especiales, que como ustedes saben es una política pública que se ha ensayado en otros países y que trata de generar polos de desarrollo regional, a partir de crear zonas geográficamente delimitadas, con un régimen administrativo, aduanero y fiscal específico, que trata pues de detonar empleo e inversión.

También recibimos de la Cámara de Diputados la minuta de Ley de Disciplina Financiera que, como ustedes saben, ya tiene una segunda vuelta, en razón de que el proceso legislativo empezó en la Cámara de Senadores. Después por una desavenencia con respecto al procedimiento, la Cámara de Diputados interpretó que al tratarse de endeudamiento debía la Cámara de Diputados ser la cámara de origen, se corrigió el procedimiento y estamos ya recibiendo la última versión de las leyes de disciplina financiera.

Y en principio se advierte que hay un consenso importante entre los grupos parlamentarios para poder transitar con ella en el corto plazo, en el entendido también de que se ha venido trabajando de manera coordinada con ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Hay iniciativas del Ejecutivo federal que se unen a un conjunto de iniciativas que ya han sido presentadas en el Senado de la República y que también, todo parece apuntar, serán motivo de discusión intensa en este periodo de sesiones.

Caso concreto: desaparición forzada de personas y tortura; son dos iniciativas o dos grandes temas que se han venido discutiendo en el congreso; son dos pendientes no solamente de la realidad, de la lastimosa situación que se vivió sobre todo a partir del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino también que son compromisos que tenemos evidentemente que resolver a partir de la reforma en materia de derechos humanos del año de 2011.

Estamos también muy cerca en los próximos días, de hecho el día de hoy y mañana tendremos ya una reunión con el gobierno para revisar la Ley de Ejecución Penal, es la Ley del Sistema Penitenciario.

Esta ley es una de las piezas legislativas que son fundamentales para concluir el modelo del Sistema de Justicia Penal. Como ustedes saben, ya hemos resuelto el Código Nacional de Procedimientos Penales; ya hemos resuelto también, ya está en vigor, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Nos falta la Ley de Ejecución Penal que regula dos aspectos centrales: las medidas de privación de libertad durante el proceso, como se le denomina a la prisión preventiva, pero también la situación de reclusión, las obligaciones que tiene el Estado y  los derechos que tiene quien está en situación de reclusión frente al propio Estado y las condiciones en las que se deben administrar y gestionar los centros penitenciarios en nuestro país, un asunto que está evidentemente en la agenda después de la fuga del “El Chapo.”

Y por último, en esta panorámica general, es incuestionable que tenemos como Congreso una deuda con respecto al desdoblamiento de la reforma anticorrupción.

En nuestro grupo parlamentario, en Acción Nacional, hemos llegado a la conclusión de que este debe ser uno de los temas prioritarios. Así también nos lo está exigiendo la sociedad y los últimos casos, en nuestro país la falta de instituciones, la falta de reglas de procedimiento, la debilidad de ciertas instituciones para poder prevenir y castigar la corrupción está provocando que estos casos de corrupción se estén sancionando o se estén persiguiendo en otros países y que nuestra institucionalidad no sea lo suficientemente fuerte para no solamente identificarlos, investigarlos, revelarlos, sino también castigarlos con total eficacia.

El Sistema Anticorrupción será para el PAN una prioridad y lo hemos dicho reiteradamente, pero creo que vale la pena repetirlo: para Acción Nacional no puede haber una reforma en materia de seguridad pública, una reforma en materia de policías que no vaya acompañada con una reforma para evitar la corrupción en las policías, en los cuerpos de policía y en la procuración de justicia.

En consecuencia, la reforma en materia de seguridad pública que intentemos en el Senado de la República, a partir de iniciativas presentadas; las del Ejecutivo o la que ha presentado Acción Nacional, no puede separarse, desde el punto de vista político, de la reforma anticorrupción.

En consecuencia deben de ir unidas en todo su trayecto. No puede haber un esfuerzo institucional por fortalecer a las policías que no pase por mejorar las condiciones de vida y sus condiciones salariales, que también es un componente que tiene la iniciativa de Acción Nacional, sino también, y especialmente que exista una institucionalidad robusta para prevenir y combatir la corrupción de los cuerpos policíacos, pero también en los titulares de los aparatos políticos, que al final de cuentas conducen la política de seguridad en nuestro país.

En términos de nombramientos, ya hemos recibido la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar una magistratura por cada una de las salas regionales.

Hago la historia: recordarán que cuando hicimos la reforma en materia político-electoral fortalecimos las salas regionales, pero también establecimos un sistema de rotación en las salas regionales.

Cada cierto tiempo una de las tres magistraturas se renueva por parte del Senado de la República y ha concluido el plazo de esta primera generación, saldrá uno por cada sala, cinco nombramientos en total y hemos recibido las respectivas ternas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tan pronto como inicie el periodo de sesiones, remitiremos este asunto a la Comisión de Justicia, a la Junta de Coordinación Política para poder ir decantando los nombramientos.

Ya como lo han ustedes sabido, hemos aprobado un acuerdo para regular el procedimiento de análisis y dictaminación del TPP, del Tratado Transpacífico.  Es un tratado muy importante que exige una revisión transversal, no solamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino de otras comisiones que desde el punto de vista técnico tienen alguna implicación en el seguimiento de los contenidos del TPP.

Por supuesto que el TPP no solamente regula comercio, no solamente es un aspecto, un instrumento de política exterior, sino también tiene definiciones en materia de patentes y marcas, tiene definiciones en materia de controles cambiarios; tiene definiciones en materia medioambiental, en fin.

Y como debe ser un estudio, un análisis integral, su ratificación, hemos hecho un mecanismo para que a partir de audiencias públicas y el involucramiento de distintas comisiones, se pueda robustecer el análisis del TPP.

Está ya anunciada la firma, en los próximos días, del TPP, en las próximas semanas, según entiendo, a partir de que el Ejecutivo suscriba este instrumento se tendrá que enviar al Senado de la República para efectos de ratificación.

Nosotros ya hemos delimitado cuál será el camino interno que seguirá el TPP, para poder mandar una señal muy clara de que, uno, es una prioridad para México este tratado internacional porque se va a traducir en inversión y empleo, pero al mismo tiempo que el Senado de la República tiene el compromiso inequívoco de poder agotar su ratificación en un plazo cercano.

Son, si ustedes me lo permiten así, algunos de los temas centrales de esta agenda. Evidentemente en los próximos días conforme los grupos parlamentarios vayan definiendo sus propias prioridades, esta agenda podrá alimentarse, pero la Presidencia del Senado advierte que este será básicamente el contenido mínimo de lo que vendrá a continuación, de lo que tendremos que resolver a partir del primero de febrero y hasta el 30 de abril, sin perjuicio de que vengan algunos otros asuntos.

También tendremos que ver si el Presidente de la República envía alguna iniciativa, si va a impulsar algunos temas en específico, pero lo más importante es que tengamos ya delimitados algunos de los pendientes.

Creo que la productividad del Senado ha sido constante, fue un periodo importante, evidentemente no puede compararse con el periodo en el cual concretamos las reformas estructurales, porque evidentemente el tamaño y el impacto de esas reformas es socialmente mayor, pero el Senado ciertamente ha mantenido el ritmo de productividad.

Estamos atendiendo el rezago legislativo y también estamos tratando de poner en la mesa una perspectiva diferente de ver la productividad del Senado.

No sólo se tiene que ver en términos cuantitativos, cuántas iniciativas se presentan y cuántas quedan aprobadas, sino en términos cualitativos, cuáles son los problemas de México, que requieren una solución legislativa o si estamos o no produciendo esas decisiones legislativas.

Hace unos días, por último les comento, instituimos una reunión con la Mesa Directiva y el área técnica del Senado de la República para ir perfeccionando lo que va a ser el Plan de Austeridad para 2016.

En las próximas semanas tendrá que reunirse la Junta de Coordinación Política para recibir de parte de la Mesa Directiva nuestra propuesta tanto de reorganización administrativa, que ya lo hemos comentado en algún otro momento, como también la propuesta de Plan de Austeridad para este año.

Hemos estado haciendo un esfuerzo notable por reducir los gastos del Senado. Tenemos también un plan importante de mejoramiento de los bienes inmobiliarios del Senado de la República.

Quiero hacer la aclaración que estas nuevas obras se realizan con ahorros que ha generado el Senado de la República que no va a implicar hacer una nueva sede, ni tampoco adquirir otros predios, sino simplemente utilizar y aprovechar los que ya tenemos.

Estamos trabajando intensamente con el gobierno de la República para tratar de  obtener un bien en depósito y concentrar el Canal del Congreso en unas instalaciones dignas, para poder fusionarlas, porque hoy tiene distintas oficinas aportadas tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado y en consecuencia uno de los proyectos que queremos llevar a cabo en estos próximos meses, es lograr que el Canal del Congreso tenga un espacio digno, un espacio donde esté no solamente el ámbito administrativo, la administración del canal, sino también sus estudios, el equipamiento para producción y postproducción y que dejemos de gastar en algunas rentas que tenemos al Canal del Congreso, porque no tenemos el lugar para poder disponer  de los equipos.

Es básicamente el balance que quería hacer con ustedes de primera mano y por supuesto, además de desearles buen provecho, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario.

 REPORTERA: Gracias, senador. Buenos días.

Senador, andamos de mal en peor, cada vez el recurso económico (inaudible) ¿reformas estructurales que están fallando, senador?

¿Cómo ve usted el panorama económico?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En primer grado, el panorama económico se ve difícil, se ve duro para este año.

Creo que evidentemente si hubiéramos hecho las reformas estructurales hace una década, esta situación que vive el mundo tendría menos impacto en el bolsillo de los mexicanos.

Sucede que aquí hay una combinación de dos factores:

Por un lado, el entorno económico internacional es difícil, hay una sobreoferta de petróleo que está impactando en el precio, y sobre todo a partir del anuncio del levantamiento a las sanciones económicas a Irán y la posibilidad de que Irán se reactive en la producción del petróleo.

La sobreproducción o la sobreoferta del petróleo está impactando en el precio hacia abajo, y en consecuencia países que tienen una importante aportación del petróleo en sus finanzas públicas evidentemente van a resentir este precio.

Al mismo tiempo, la decisión de Arabia Saudita de mantener constante la producción de petróleo con el propósito de desplazar las alternativas que se habían generado en materia energética, específicamente en Estados Unidos con el shale gas o el gas de lutita, evidentemente esa decisión muy audaz está impactando evidentemente en el precio; y en la estrategia de mercado era justamente para hacer poco rentables las inversiones en las alternativas a petróleo, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, y en otros países que tienen una importante reserva de gas de lutita, como es el caso también de México, que tenemos la cuarta reserva a nivel mundial.

Al mismo tiempo, se está desacelerando la economía en el mundo, específicamente en el caso chino, el precio de las materias primas en todo el mundo está a la baja, no solamente el precio del petróleo sino también los precios en materias primas agroalimentarias. Y esto también está impactando a economías como la mexicana, que buena  parte de su estrategia de crecimiento se basa fundamentalmente en materias primas.

Todo este entorno internacional se combina con una situación difícil en nuestro país.

La inversión que se esperaba de las reformas estructurales no ha llegado, y eso tiene que ver con un entorno institucional.

Tenemos que asumir que no va a venir la inversión derivada de las reformas estructurales mientras no fortalezcamos en México el Estado de derecho y mientras no exista certeza de que las inversiones llegan a un entorno de negocios con seguridad y certeza jurídica. Y esto también pasa por concluir la discusión y la aprobación de las reformas en materia anticorrupción.

La mayor parte de los mercados extranjeros que tienen interés y que ven bien a México en términos de inversión están esperando señales claras por parte de nuestro país en el sentido de que vamos en serio a combatir la corrupción y que cada peso que viene o que vendrá en inversión se va a destinar correctamente y va a estar protegida por una institucionalidad fuerte.

Me parece que en lo que más está afectando el despegue de las reformas estructurales tiene que ver con la ausencia del Estado de derecho y con esta percepción de que en este país no se puede hacer negocios si no se muerde alguien o si no se corrompe a alguna autoridad política.

Pero inevitablemente si hubiésemos hecho la reforma energética cuando el precio del petróleo estaba en 140 dólares, por supuesto que este país tendría otras condiciones, y no ahora que el precio está rondando los 20 dólares, simplemente no hay incentivos a la inversión por parte de los inversionistas, a pesar de que hay una reforma importante que generan mejores condiciones a la participación de la iniciativa privada en la explotación del sector energético.

REPORTERA: Una más, senador.

Hace unos momentos la PGR emitió un comunicado llamando a la actriz Kate del Castillo a declarar sólo en calidad de testigo.

¿Por todo lo que vemos visto en los últimos días este personaje merecería un llamamiento en calidad de testigo cuando es evidente que pudo haber habido encubrimiento de este caso?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Me imagino que la estrategia que está siguiendo la PGR es tratarse de allegar de insumos de investigación para poder deslindar eventualmente el grado de involucramiento de Kate del Castillo con el entorno de la actividad comercial de Joaquín Guzmán Loera.

Es algo normal que un ministerio público antes de generar una imputación recabe información importante para poder tener una acción penal mucho más contundente.

No es normal que se le llame en primer lugar como testigo. Hay una serie de causas penales abiertas en contra de Guzmán Loera, no solamente la que tiene que ver con la evasión de la justicia a partir de la fuga sino también por sus actividades criminales, y parece una estrategia sensata que el ministerio público cite en una primera instancia como testigo a la señora Kate del Castillo para después determinar si tiene elementos para poder individualizar una acción penal en su contra.

Es absolutamente incuestionable que la Procuraduría General de la República tiene que investigar a la señora Kate del Castillo y determinar con total pulcritud cuál fue su participación en el entorno de negocios y en el entorno a la actividad criminal de Guzmán Loera.

Los mensajes que se han conocido por los medios de comunicación revelan que su relación no era estrictamente relacionada con la formulación de un guión para una película, ni tampoco para concertar la entrevista del señor Sean Penn, sino que tenía una, por lo menos “El Chapo” estaba perfectamente enterado del negocio del tequila y de algunas otras cosas. Hay incluso algunas sugerencias de recepción de regalos.

Todos esos temas que tienen que ver con contestar a la pregunta de si la señora Kate del Castillo recibió dinero, administró dinero o invirtió dinero proveniente del entorno empresarial delictivo de “El Chapo” o no. Esa es la pregunta central que la Procuraduría General de la República debe investigar.

Si después de investigar a esta relación, la PGR llega a la conclusión de que se trató simplemente de una intención de celebrar o de concertar una entrevista, pues llegará a ciertas conclusiones específicas y tendrá que encuadrar esa conducta con el marco legal vigente.

Pero si en el curso de las investigaciones encuentra flujos financieros, participación directa o indirecta por acción u omisión por parte de la señora Kate del Castillo en el entorno empresarial delictivo de Guzmán Loera, tendrá que actuar con total energía.

No es óbice ni debe ser obstáculo ni que la señora Kate del Castillo sea famosa ni mucho menos que sea ciudadana norteamericana.

REPORTERA: Gracias, senador.

REPORTERA: Respecto a la agenda que es bastante surtida, ¿cómo se va a empezar lo de la comisión (Fuera de micrófono)?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El debate de la marihuana tiene tres componentes o tres etapas.

La primera etapa es la conformación del Consejo Técnico Asesor, que ya sucedió. Ahí se delimitó una agenda de trabajo y también una serie de compromisos, de aporte de información científica-técnica al Senado de la República y a la Cámara de Diputados y a sus comisiones.

El Consejo Técnico se vendrá reuniendo periódicamente para aportar esta información, pero sobre todo para ir decantando los distintos dilemas involucrados en la alternativa de regulación a la marihuana.

La segunda etapa, que iniciará en los próximos días, son audiencias públicas que vamos a sostener temáticamente con distintos expertos.

Se inaugura el próximo lunes en la Cámara de Diputados y nos llevará varias semanas. Hacia mediados del mes de febrero terminaremos con estas audiencias, en las cuales los legisladores interactuarán con expertos y representantes de las instituciones, a partir de una agenda ya determinada, para conocer cuáles son los problemas y los inconvenientes que tenemos que resolver, y hacia dónde o cuáles son los derroteros de una regulación razonable y responsable para atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, en tercer lugar, la tercera etapa será ya el proceso formal de dictaminación en el ámbito de las comisiones. Hay que recordar que la Cámara de Senadores tiene diversas iniciativas presentadas y, en consecuencia, a propósito de la dictaminación de esas iniciativas vamos a entrar a una discusión abierta y pública con respecto, ya en concreto, sobre ciertas alternativas y modelos de regulación.

Quiero recordarles que en el Senado de la República tenemos tres tipos de iniciativas con respecto a la marihuana:

Una iniciativa que plantea el uso, un conjunto de iniciativas que plantean el uso medicinal de la marihuana y que básicamente versan sobre autorizaciones por parte de la autoridad sanitaria al desarrollo científico y tecnológico de los componentes básicos de la marihuana para generar medicamentos y atender ciertos padecimientos.

Un segundo paquete de iniciativas tiene que ver con la autorización del consumo lúdico o recreativo de la marihuana, muy en la dirección de lo que han hecho otros países o de los estados de la Unión Americana, como por ejemplo Colorado y Washington, y que también va en las coordenadas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y un tercer paquete de iniciativas que versan sobre encontrar modelos de libertad anticipada o de preliberación de personas que han sido sentenciadas por portación de droga, de marihuana en específico, por encima del umbral que establece la Ley General de Salud, que son 10 gramos.

Hay muchas mujeres que están en situación de reclusión porque en el departamento o en la vivienda donde habitaban se encontraron marihuana por encima de esos umbrales de 10 gramos, que es el umbral de portación para efectos de consumo personal.

Y en muchos de esos casos no implican violencia, no implicaron otro delito cometido alrededor de esa conducta ni tampoco implican una participación habitual en el tráfico de drogas, pero son familias que están rotas porque la madre o el padre están en situación de reclusión.

Este tercer paquete de iniciativas plantea un mecanismo para sustituir la cárcel por libertad bajo ciertas condiciones, insisto, porque ya no parece razonable desde un punto de vista social que una persona esté ocho años en situación de reclusión o en la cárcel cuando el único delito que cometió fue tener una dosis mayor a los 10 gramos que establece la Ley General de Salud.

Esas tres iniciativas vamos a abordarlas en el proceso de dictaminación en el ámbito de las comisiones, pero para eso juzgamos necesario que debemos contar con información científica, técnica e información que generen las propias instituciones encargadas de los temas relacionados con la política criminal de las drogas y de la marihuana, en específico, para poder tener una discusión mucho más seria, mucho más robusta, y sobre todo encontrar modelos que sean responsables y que puedan resolver, por lo menos mitigar la situación que vive nuestro país con respecto a la marihuana.

REPORTERA: Respecto al mando único, ¿cuál es la postura que ya se tiene y cómo va a trabajar el Senado sobre este tema?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ya están turnadas las dos iniciativas que se han presentado al respecto, que es la iniciativa del Presidente de la República que se generó a partir de la presentación del decálogo y la iniciativa que presentó Acción Nacional.

Como se trata de una reforma constitucional, la comisión líder en la discusión va a ser la Comisión de Puntos Constitucionales. Se involucrará también Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y la de Estudios Legislativos que corresponda.

La idea es que en los primeros días del mes de febrero, cuando ya se desahoguen las plenarias de los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política junto con la Mesa Directiva podamos decidir ya el cronograma, el calendario para determinar en qué momento vamos a estar en condiciones de procesar en el Pleno algún dictamen en la materia.

Sí quiero plantear que en este momento las posiciones parecen aún muy divergentes.

Por un lado, el Presidente de la República presentó un modelo de Policía Estatal Única, no de mando único. Los gobernadores han venido trabajando con un modelo de mando único, no de Policía Estatal Única.

Aún entre los modelos que están implementando los gobernadores hay notables diferencias. No es lo mismo el modelo de Morelos que el modelo de Juárez, Tijuana y Nuevo León.

En estos tres casos: Juárez, Tijuana y Nuevo León, se trata de un modelo de mando unificado o coordinado. Es decir, los mandos de distintas corporaciones de policía se sientan en una misma mesa y toman decisiones de desarrollo policial, de profesionalización, de escalamiento salarial, de compra de equipamiento, pero cada quién se hace responsable de ciertos objetivos de política de seguridad, de prevención específicamente en el ámbito de su jurisdicción.

En el caso de Morelos se está optando por un modelo con ciertas dificultades constitucionales que implican que los elementos de la policía municipal se cambien de uniforme, se visten de policías de mando único, pero el municipio sigue pagando la nómina de esos policías y el municipio o el presidente municipal sigue teniendo la responsabilidad política sobre la seguridad, aun cuando el jefe material de las policías municipales y estatales es el Secretario de Seguridad Pública Estatal.

Son distintos modelos. Aun en los experimentos que han seguido los gobernadores hay notables diferencias.

Y está también la alternativa que hemos denominado flexible o híbrida que ha presentado Acción Nacional, que consiste básicamente en lo siguiente:

Redimensionamos la responsabilidad municipal en la seguridad. No hacen todo como hoy. Hoy en día el policía municipal tiene la responsabilidad de, por ejemplo, combatir el crimen organizado, el narcomenudeo y el secuestro.

Evidentemente no todos los municipios están en esa capacidad. En consecuencia, creemos que hay que redimensionar la responsabilidad inicial de los municipios a lo que conocemos como patrullaje comunitario, la disuasión de los delitos por la presencia de policía en una comunidad, y eso implica que no deben portar armas largas, que no deben participar en operativos contra el crimen organizado sino convertirse en un auténtico policía de proximidad.

Concentrar en la policía estatal las soluciones de investigación, prevención y reacción, específicamente las responsabilidades de combatir al crimen organizado y darle a la Federación la responsabilidad total en delincuencia organizada y también la posibilidad de suplir a estados y municipios cuando estados y municipios no puedan hacer la tarea, o bien no quieran hacer la tarea.

En cualquier escenario planteamos una serie de mecanismos para suplir, para que se puedan suplir por parte de un orden de gobierno mayor las deficiencias o incapacidades de los órdenes de gobierno menores, que es justamente lo que ha pasado en los últimos años, justamente es lo que nos ha revelado la realidad.

Nuestro modelo federal no plantea, no presta mecanismos de intervención ni de suplencia cuando hay una situación de crisis específica en algún municipio o en alguna entidad federativa.

Ya hemos visto los distintos experimentos de intervención a lo largo del tiempo, desde el primer experimento de intervención, el caso Tijuana, caso Ciudad Juárez, hasta el comisionado de Michoacán o el actual modelo de intervención en el caso de Acapulco, por ejemplo, en el cual la policía municipal y estatal están acuarteladas y la Policía Federal se está haciendo largo de la seguridad en el municipio.

Lo que ya ternemos que hacer como país es poner en la Constitución y en las leyes cuáles son las responsabilidades básicas de cada uno de ellos y cuáles son los mecanismos para que uno u otro pueda suplir al que no puede o al que no  quiere hacer el trabajo.

REPORTERA: (Inaudible, sin micrófono)…quisiera preguntarle ¿qué  factores influyeron para que la minuta relacionada con el tema de de disciplina fiscal no pudiera presentarse en el periodo anterior? y si usted cree que está en posibilidades de que salga en este periodo.

Y también preguntarle su opinión sobre el caso de la detención de Humberto Moreira en España y desde su punto de vista, ¿existen elementos para que pudieran traerlo a México y también ser enjuiciado aquí? Y ¿cómo ve la respuesta, si así se le puede llamar, porque realmente no ha respondido, frente a la detención y el ofrecimiento del…

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto al primer tema de mujeres, creo que sí hemos sido omisos en el cumplimiento de un deber de alentar y promover la paridad en los espacios institucionales.

Tiene distintas explicaciones, pero independientemente de las explicaciones, el resultado es lo que cuenta y en el resultado evidentemente hay una falla.

Tenemos un desafío como Senado de la República de corregir nuestros procedimientos internos, pero también corregir la toma de decisiones políticas con respecto a los nombramientos, para alentar la mayor participación de la mujer en este tipo de espacios institucionales.

Evidentemente hay ciertos márgenes que dificultan la posibilidad de garantizar la paridad absoluta, entre otras razones porque, como saben ustedes, es convocatoria abierta, hay distintas ecuaciones políticas con respecto a este tipo de nombramientos.

No es el caso como, por ejemplo, de las salas regionales, donde la Suprema Corte formula unas ternas y puede encontrar un equilibrio de paridad mucho mejor. En nuestro caso hay una convocatoria abierta, se pueden inscribir tantas mujeres como mujeres tengan interés en participar.

Evidentemente el Senado no controla quienes participan en estos procesos y al final de cuentas nos encontramos en algunos momentos en alguna situación en la que simplemente no tenemos condiciones para poder garantizar la equidad.

Debemos buscar fórmulas creativas, pero sobre todo hacer un esfuerzo político para lograr este objetivo institucional, que a mi juicio es uno de los elementos de justicia social más importantes en los últimos años en nuestro país.

En segundo lugar, sobre disciplina financiera básicamente el problema de conclusión en el periodo anterior fue por tiempo, no hay otra dificultad, llegó prácticamente en la víspera del cierre del periodo.

Estábamos, como ustedes lo recordarán, en una intensa discusión sobre reforma política del Distrito Federal y la elección de ministros.

En consecuencia, se decidió políticamente concentrarnos en esas decisiones y posponer disciplina financiera para este periodo. No advierto un obstáculo político, no advierto una obstrucción de algún grupo parlamentario, al contrario, advierto condiciones y mejoras para poder concretar esta minuta en los próximos días y específicamente los primeros días del periodo de sesiones ordinarias que iniciarán en febrero.

Se había colado, como ustedes también seguramente recordarán, por  un diferendo sobre la integración de la Comisión Bicameral, el Senado tenía el interés de participar en la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Deuda de Estados y Municipios, la Cámara de Diputados, con un argumento de reivindicación de atribuciones, alegaba que se trataba de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Logramos resolver el escollo constitucional sobre las competencias y creo que hemos logrado ya resolver este diferendo en el sentido de que, en efecto, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de dar seguimiento al endeudamiento público y como parte de sus poderes de bolsa o de control sobre la evolución presupuestal y financiera del país.

Pero también es cierto que el Senado de la República, como cámara de representación territorial, tiene una posición, un punto de vista que da justamente en la forma en la que se desenvuelve la deuda pública en estados y municipios, en razón de que impacta a la conformación del sistema federal todo lo que se haga en materia financiera o lo que se deje de hacer en materia financiera.

Con respecto a lo de Humberto Moreira, yo creo que es absolutamente incuestionable que hay que hacer una reflexión entre nosotros, porque este tipo de casos se revelan en el extranjero, por qué este tipo de casos puede ser una investigación exitosa en Estados Unidos, a partir de la participación de estudios colaboradores, a partir de acciones evidentemente intencionadas o dirigidas a revelar una trama de corrupción.

México está en deuda, estamos como país en una deuda institucional con respecto a prevenir y sancionar este tipo de casos.

De todos los escándalos en los cuales se han visto involucrados actores políticos, prácticamente tenemos un cien por ciento de impunidad, no hemos logrado castigar este tipo de conductas.

Y esa es una de las razones por las cuales presumiblemente se siguen repitiendo, porque cuando no hay un mensaje claro de quien viola la ley la paga, evidentemente los incentivos a cumplir son absolutamente menores.

Debiera la PGR, independientemente de lo que suceda en España, dar una respuesta puntual a cientos de denuncias que se han presentado en nuestro país, a información que se ha publicado a lo largo del tiempo, a indicios que son absolutamente claros con respecto al posible desfalco en las finanzas del estado de Coahuila, es una deuda absolutamente acreditada, que fue resultado de una serie de falsificaciones de documentos, que esa deuda no terminó en infraestructura, no terminó en inversión pública productiva.

Terminó en gasto corriente y según información que se ha hecho pública en los últimos años, terminó en estructuras electorales para favorecer a un partido político.

La PGR está obligada a investigar, ya tiene un impulso procesal, ya tiene el impulso de los americanos y los españoles. Esperemos que esto no tarde en convertirse en un caso mexicano.

Yo veo absolutamente explicable la posición del PRI y del gobierno en términos de proteger o de cuidar a un compañero de partido, pero lo veo absolutamente inexplicable en función de la situación que vive nuestro país.

Y nuestro país quiere respuestas al combate específico de la corrupción  y sobre todo ponerle fin a la impunidad, trátese de quien se trate.

REPORTERO: Senador, buenos días, primero una reflexión sobre lo que sucedió ayer en Colima, parece que al PAN no le fue bien, ese sería el primer punto.

El segundo, si nos pudiera explicar un poco más a qué se refiere con un modelo mixto en materia de seguridad, si eso significa que van a reconstruir totalmente o parcialmente la propuesta presidencial.

Y la tercera pregunta sobre el tema de los centros penitenciarios, ¿qué están pensando ahí o qué está pensando usted, como conocedor de la materia, qué debe suceder con los centros penitenciarios, hay muchas iniciativas o hay algunas iniciativas para privatizarlas o para buscar algún tipo de modelo como otros países europeos?

¿Qué debe pasar con los reos que están en las cárceles por una cuantía menor de posesión de droga, alguna iniciativa? Nos gustaría que nos ayudara con el tema.

Gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Los resultados del Programa de Resultados Electorales preliminares nos revelan que Acción Nacional está debajo unos puntos y décimas del candidato del PRI.

Hay que esperar la posición del candidato y de mi partido. Evidentemente esa posición debe ser resultado del análisis de las actas que se concentren en las próximas horas.

Vendrá un pronunciamiento institucional el próximo miércoles con respecto a quién obtuvo el mayor número de votos y eventualmente la decisión de los candidatos que concurrieron a esa elección sobre si se reconocen los resultados o si se incursiona en un combate o una estrategia de impugnación legal.

Yo esperaré y seré respetuoso de la posición que tome mi candidato, el candidato de mi partido y del propio partido con respecto a la elección de Colima, aunque la información que hoy se hace pública por parte de los órganos electorales, es que según el Programa de Resultados Preliminares hay una ligera ventaja del candidato del PRI.

Tenemos que esperar y como siempre lo hemos sido, Acción Nacional será respetuoso de la determinación de las autoridades electorales, pero sí es importante revisar cómo vienen las actas y en consecuencia que el partido y el candidato  tomen una determinación al respecto.

Con respecto al sistema penitenciario, la Ley de Ejecución Penal debe ser congruente con el  nuevo modelo de justicia penal. El nuevo modelo de justicia penal se basa en una premisa que la prisión es excepción, no regla, tanto para investigar los delitos, como también como sanción a ciertos delitos.

En el modelo de justicia penal, el Ministerio Público no detiene para investigar; en el nuevo modelo de justicia penal el Ministerio Público no retiene a una persona mientras desahoga el proceso.

Debe imperar la garantía de presunción de inocencia y del uso excepcional de la cárcel como mecanismo cautelar o bien como reproche del Estado frente a una determinada conducta.

Por eso el nuevo modelo de justicia penal abre distintas alternativas al juicio. Permite, por ejemplo, el reconocimiento de la culpabilidad o de la responsabilidad propia a cambio de una rebaja en la sanción.

Prevé, por ejemplo, la suspensión del procedimiento penal si hay ciertas condiciones, de tal  manera que se pueda reparar el daño, obtener la verdad de los casos y se utilice la pena privativa de libertad sólo para los temas o casos o hechos especialmente graves.

En consecuencia, la ley que regula el régimen penitenciario debe ser acorde con esto; debe, en efecto, utilizarse la pena de prisión sólo para delitos especialmente graves y debe utilizarse la prisión preventiva sólo para cuando exista riesgo de fuga o cuando se pueda poner en riesgo la investigación.

En ese sentido tenemos que cambiar por completo el régimen penitenciario, sin poner en riesgo la seguridad de la sociedad ni tampoco la vulnerabilidad de los centros penitenciarios.

En ese sentido, lo que hacemos en la nueva Ley de Ejecución Penal es poner los supuestos en los cuales una persona puede obtener su libertad si se cumplen ciertos requisitos.

En nuestro país existen distintas posibilidades de salir de la cárcel cuando se ha cumplido una parte de la pena o cuando, por ejemplo, existen algunas cláusulas de salida en función de la reparación del daño, por ejemplo.

Cuando se habla de modelos de privatización de las cárceles, no se habla propiamente de la función de cuidar las cárceles o de administrar la pena a una determinada persona.

De lo que se habla es que un particular concurra con el Estado, a la gestión, administración del centro penitenciario, específicamente a la prestación de los servicios del Centro Penitenciario: la lavandería, la comida, las camas de seguridad, la limpieza.

Hoy en día ya existen contratos de prestación de servicio en nuestro país en esa dirección y al parecer es un modelo eficiente, que permite hacer más con menos.

No implica que la cárcel la va a gestionar o administrar un particular, no implica que la seguridad del centro penitenciario se traslada a un particular, sino que los servicios básicos de un centro penitenciario los presta un particular.

Esos modelos sí los permite la nueva Ley de Ejecución Penal, sí se permite desde el punto de vista administrativo, es una forma de eficientar el uso de los recursos, de hacer más con menos y sobre todo de generar economías de escala.

No estamos ni vamos a dar un paso en el sentido de que Almoloya o mejor dicho, el Altiplano, mañana sea gestionado por un cuerpo de seguridad privada, eso no se puede en nuestro modelo, esa facultad y responsabilidad intransferible a un particular, pero lo que sí se puede permitir es que ciertos servicios, como se ha mencionado, puedan realizarse por un particular a partir de un contrato de prestación de servicios.

De eso es lo que estamos hablando con la concurrencia de particulares en la gestión de los centros penitenciarios.

Un dato muy importante de la Ley de Ejecución Penal, por lo menos en lo que ya llevamos avanzados el diálogo con otras fuerzas políticas e incluso con el propio gobierno, es que va a haber dos programas especiales de preliberación.

Un programa especial de preliberación para delitos patrimoniales de baja cuantía siempre y cuando no se hubiesen realizado con violencia, es decir, delitos como robo, el caso específico del robo en un centro comercial o en una tienda de abarrotes, es un delito de mínima cuantía que, en razón de que no tiene el acusado o el sentenciado la posibilidad de reparar el daño, en consecuencia paga una pena privativa de libertad por varios años.

Esos casos, los delitos patrimoniales de baja cuantía, cuando no exista riesgo de violencia ni riesgo de reincidencia, no deben sancionarse con la cárcel.

Prácticamente todo el mundo está evolucionando a que este tipo de delitos se resuelva a través de otros mecanismos, como por ejemplo trabajo comunitario, como por ejemplo la posibilidad de que repares el daño en un cierto tiempo o la  posibilidad de lo que se denomina como tribunales de seguimiento penitenciario, que es que a la persona se le conmuta la pena privativa de libertad a cambio de un plan de reinserción social, de un plan para reintegrarse a la sociedad.

Buscar un empleo, tomar una capacitación para el trabajo, obtener una beca para estudiar la secundaria, en fin, esos son modelos mucho más justos y sobre todo que permiten despresurizar el sistema penitenciario.

Esos mecanismos están puestos en la Ley de Ejecución Penal y tenemos como un programa de preliberación en delitos de baja cuantía.

El segundo programa de preliberación que ya viene contemplado en la última versión del dictamen es un programa del cual podrían beneficiarse personas sentenciadas por posesión de drogas por encima, específicamente marihuana, por encima del umbral de los 10 gramos de la marihuana.

En estos casos, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos supuestos, una persona podría ir ante un juez, la persona sentenciada y decir “conmútame mi pena, estar en prisión, por una alternativa”.

Y ahí el juez tiene posibilidades de distintas opciones. Por ejemplo, si encuentra que la persona tiene una adicción, puede imponer, a cambio de la liberación, que se someta a un programa de recuperación de la adicción.

Si no encuentra una adicción, puede darle la libertad con algunas condiciones como por ejemplo presentarse ante el juez de ejecución cada determinado tiempo.

Si encuentra que hay condiciones para que se reinserte plenamente esa persona a la sociedad, le da la libertad sin ningún tipo de condición.

Hemos calculado que este segundo programa de preliberación de personas sentenciadas por delitos, de portación de marihuana por encima del umbral de la Ley General de Salud, podrían liberar a más o menos 10 mil mujeres en nuestro país; mujeres que fueron detenidas ciertamente por portación de marihuana, porque estaban siendo usadas como transporte o bien como custodios de un determinado inventario, que no fueron detenidas con violencia, que no tienen antecedentes penales y que en muchos de los casos son madres.

Esas mujeres, desde el punto de vista de una política criminal más justa, no deben estar en la cárcel por siete u ocho años, porque su delito fue tener en posesión una determinada cantidad de marihuana.

A esos casos son a los que se pretende beneficiar desde este programa de preliberación.

Ustedes recordarán la iniciativa que presenté yo, se encontró una solución técnica de ponerlo como un régimen transitorio en la Ley de Ejecución Penal y en el caso de ser aprobada, una persona que estuviese en ese supuesto, podría recuperar su libertad, reinsertarse a la sociedad, regresar con su familia, sin una mayor exigencia jurídica.

Estos dos componentes preliberación por delitos patrimoniales y preliberación por portación de marihuana, podría ser un importante factor de despresurización de los actuales centros penitenciarios, pero sobre todo puede tener un efecto pedagógico en nuestra sociedad importante.

¿Cuál es el efecto pedagógico?

Empezar a reconocer que la cárcel no es buena idea; no es buena idea para una persona ni tampoco es buena idea para una sociedad; que la cárcel debe estar reservada para delitos absolutamente graves que necesariamente requieran la inhabilitación de la persona que los cometió; separarlos de la sociedad para que no sigan haciendo daño, pero hay muchos delitos que no deben sancionarse por cárcel, y mucho menos perseguirse con cárcel de por medio.

Una persona que pasa un día en una cárcel es una familia rota, son padres que abandonan a sus hijos, son hijos abandonados por sus padres. Se vuelve un problema social mayor cada vez que rompemos un entorno comunitario social a partir del uso intensivo de la cárcel.

No es una buena idea la cárcel; así lo ha demostrado la experiencia, no solamente de nuestro país sino en Estados Unidos.

Estados Unidos tiene uno de cada cuatro reos en el mundo; 2.6, 2.7 millones de sentenciados están en cárceles en Estados Unidos. Ese es un drama social importante.

Y buena parte de esos que están en la cárcel son personas de bajos recursos, sobre todo pertenecientes a espectros sociológicos de escasos recursos o vulnerables, de una connotación racial diferente a la mayoritaria. En fin, se lastima con la cárcel a los más vulnerables.

En nuestro país existen 280 y tantas mil personas en situación de reclusión. La mitad está en prisión preventiva. Es decir, están ahí mientras un juez analiza si cometieron o no un delito y si tienen o no responsabilidad frente al Estado, con lo cual lo único que estamos provocando es agudizar los círculos de violencia.

Una persona que se pasa dos o tres años mientras espera su juicio en prisión, no solamente está apartado productiva, social y emocionalmente de su comunidad y de su familia, sino que también está siendo entrenado por personas que han cometido otros delitos.

Y cuando esa persona sale, ya sea porque cumplió su pena o porque fue absuelto de sus cargos, no tiene otro horizonte de vida más que seguir relacionado con quienes fueron sus compañeros, quienes fueron su entorno durante el tiempo en prisión.

Es una mala idea en nuestro país y la Ley de Ejecución Penal tiene que encontrar una solución a la sobreutilización de la prisión en nuestro país y en muchos de los países.

Hay países que no utilizan la prisión de manera intensiva: España, Alemania, Francia, y han reducido notablemente los índices de seguridad.

Los países que hemos utilizado de manera intensiva la cárcel no tenemos mejores resultados en materia de seguridad pública.

REPORTERA: ¿Hay un estimado de hombres… (Inaudible)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Es más difícil, porque en el caso de hombres, en el estudio que utilizamos como base hay una conexión con participación en crimen organizado, o sea, forman parte de bandas, y ese supuesto que he excluido.

Es más difícil distinguir los casos de los hombres, pero a partir de ciertos estudios si pudimos encontrar un universo de mujeres que no formaban parte o que no estaban acusadas por pertenencia a banda organizada que fueron detenidas sin violencia, que no tienen antecedentes penales y que están por supuesto de portación específicamente de marihuana por un umbral excedente al previsto en la legislación.

REPORTERO: Senador, buenos días.

Para preguntarte, hablando del tema del mando único de corrupción, de impunidad, que están buscando combatir, ¿hay alguna postura de la Mesa Directiva del Senado sobre el tema de Morelos en esta connotación que hay entre el gobernador Graco Ramírez con el senador Demédicis?

Al rato van a dar una conferencia y me parece tienen ya ahí algunas acusaciones que entre ellos están lanzando, y bueno, la situación de Morelos de hecho es muy grave, ¿no?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con respecto a la parte, el conflicto constitucional jurídico entre los alcaldes y el gobierno del Estado, eso debe y será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía controversia constitucional.

Lo que responde al Senado de la República es encontrar una solución de fondo al problema de las relaciones entre órdenes de gobierno, a propósito de la seguridad pública, y de eso se trata en el fondo la iniciativa de mando único.

Cuando nosotros decimos que queremos un modelo flexible, me refiero a Acción Nacional, lo que estamos diciendo es que no podemos petrificar en la Constitución un solo modelo para siempre, porque en materia de seguridad pública no hay fenómenos que se presenten una vez y no se vuelvan a repetir en el futuro, ni tampoco hay fenómenos iguales sino que el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible para responder al mismo tiempo frente a la crisis de Temixco como a la realidad del aumento de índices de robo de vehículos en algún municipio del Estado de México.

Debe tener la suficiente eficacia y capacidad de ajustarse y de amoldarse a distintas realidades que se presentan al mismo tiempo en un entorno como el mexicano.

Nosotros lo que creemos es que debemos sentar una solución que permita dar distintas respuestas a distintos fenómenos que se presentan en el mismo tiempo y en el mismo espacio.

Morelos está viviendo una realidad absolutamente diferente que la que está viviendo ya Monterrey o la que está viviendo Chihuahua o la que está viviendo Tamaulipas, o en la que vive Yucatán o en la que vive Chiapas; pero sí el sistema debe dar una respuesta puntual a cada una de ellas.

También lo que es muy importante es que las acusaciones sobre involucramiento o no involucramiento con el crimen organizado, cooperación o no cooperación con el crimen organizado no se deben dar en los medios de comunicación sino se tienen que hacer y procesar por la vía institucional.

Quien tiene una evidencia o quien tenga una evidencia, sobre todo si se trata de una autoridad política, debe presentar esa evidencia no en una conferencia de prensa sino ante las instituciones ministeriales; porque corremos el riesgo como sociedad de incursionar en lo que le pasó a otras sociedades, que se generaban estas acusaciones públicas solamente como una forma de debilitar o acorralar al adversario político.

Quien tenga evidencia o información del involucramiento de la comisión de delitos tiene la obligación política y moral de ir ante el ministerio público y presentar sus denuncias y aportar todas las pruebas. No basta con decir en una conferencia de prensa o en una entrevista que presume o le han dicho o se comenta que tiene algún involucramiento, independientemente de quién se trate.

Sobre todo cuando las autoridades políticas hacen ese tipo de afirmaciones hay un doble deber de parte de una autoridad política; no basta simplemente con hacer acusaciones sino hay que actuar en el ámbito de las instituciones.

Y, por último, cuando yo les hablo de este modelo mixto, a lo que estamos de convencer a nuestros colegas senadores, al propio gobierno, a los diputados, es que lo que está fallando en México es el Sistema Nacional de Seguridad Pública; y que como está fallando el sistema, están fallando municipios y entidades federativas.

Lo que no está funcionando es ese espacio institucional que hemos creado para desarrollar capacidades institucionales, para alentar la generación de capacidades, pero sobre todo corregir cuando se está fallando en materia de seguridad. Y es lo que no ha hecho el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Por qué? Porque carece de incentivos, porque no tiene premios y no tiene castigos. Porque es un ámbito consensual; los gobernadores se ponen de acuerdo, deciden lo que van a hacer, y si alguien está en desacuerdo simplemente no se hace.

El sistema requiere tracción de autoridad; la capacidad de poder tomar una decisión y de por ejemplo acuartelar a unos policías municipales, o de por ejemplo ordenar que se le suba el sueldo a todos, o de verificar que tengan mejores prestaciones, o de enviar una intervención de auditoría a una corporación de policía para ver si está infiltrado o no con el crimen organizado, si tienen suficientes capacidades y habilidades para poder enfrentar al crimen. Eso es lo que debería de estar haciendo el sistema.

De lo que se trata es de definir con claridad las responsabilidades de cada uno, cuáles son los deberes de cada uno, pero que exista una suerte de paraguas, un paraguas que cubra a todos y que pueda reordenar a aquellas tuercas que no estén funcionando. De eso se trata nuestra reforma, y por eso en nuestra reforma uno de los aspectos centrales es el fortalecimiento del sistema.

Que ya no sean 32 autoridades políticas sentadas en una misma mesa cada seis meses viendo una presentación de Power Point; de lo que se trata es que ese sistema pueda decir mañana en Temixco se les retiran todas las armas a las policías municipales mientras investigamos si hay infiltración o no con el crimen organizado. O mañana se desaparece la policía municipal de Acapulco y se hace el cargo a la policía estatal o la policía federal.

O, mañana un municipio que ya logró generar capacidades escala en sus responsabilidades frente a la seguridad pública, ¿por qué? Porque hizo bien la tarea, porque ha invertido.

Cambiar los incentivos del funcionamiento del sistema. Déjenme darles un caso:

Hoy el SUBSEMUN, o hasta hoy el SUBSEMUN se entrega en función de índices delictivos. Si va mal la seguridad te dan dinero; y, en consecuencia, cuando viene bien la seguridad te quitan dinero. Es un incentivo absolutamente perverso.

El alcalde que hace bien su chamba y que, en consecuencia, disminuye el índice delictivo no gana dinero, pierde dinero; y, en consecuencia, en este país es muy difícil sostener la inversión en seguridad pública a lo largo del tiempo; por eso los municipios no han sido suficientemente fuertes para poder crear capacidades en materia de seguridad.

Hay un dato que va a cambiar por completo el entorno de responsabilidad política sobre la seguridad, y ese dato es el de la reelección de los alcaldes.

Hoy, un alcalde de tres años sin dinero, sin recaudación y sin el apoyo de su gobernador, el Presidente de la República, no puede hacer absolutamente nada.

¿Pero qué va a pasar con un alcalde que pueda estar seis o nueve años? En términos de horizonte de tiempo tendrá mayor responsabilidad frente a sus ciudadanos y mayor capacidad de inversión estable prolongada en materia de seguridad.

Ese dato, el de la reelección, debe ponerse en la ecuación de la reforma. Es una variable de ambiente que debe hacernos entender que la mejor forma de dar una solución de largo plazo a la seguridad es crear instituciones y delimitar claramente los tramos de responsabilidad y los tramos de control de cada una de las instituciones.

En nuestro país todos los policías, desde Iguala hasta la Policía Federal hacen lo mismo. El policía de Iguala investiga el delito, previene el delito, reacciona ante el delito, se trata de crimen organizado, se trate de delincuencia organizada, se trate de robo común.

El problema de fondo, el problema de la infiltración en las policías municipales tiene que ver con que debe hacer todo, cuando las policías municipales evidentemente no están preparadas para hacerlo todo.

Hay que poner en cada orden de gobierno la responsabilidad que sea acorde con sus propias capacidades y fortalezas.

El policía municipal es el eslabón más débil; debe hacer la responsabilidad más cotidiana de custodiar una calle, de ayudar a una viejita a cruzar la calle, de cuidar una escuela, de atender una bronca afuera de un bar.

Y la policía federal o el orden de gobierno federal que es el más fuerte, debe de asumir la responsabilidad de enfrentar al crimen más fuerte, más intenso y más desafiante.

REPORTERO: Senador, dos cosas.

Usted habla de qué está pasando aquí en México, por qué en el extranjero se sabe más en el caso de “El Chapo” en Estados Unidos, de Moreira en España. ¿Qué es lo que está fallando aquí con nuestras autoridades judiciales?

Y una segunda pregunta en torno a si en este periodo de decisiones ya quedaría concluida una legislación en torno al uso de la marihuana para fines medicinales o recreativos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La respuesta a la primera pregunta es tan sencilla y obvia que hasta parece broma, pero es simplemente que en nuestro país tenemos instituciones o no tenemos instituciones para combatir la corrupción.

Miren, en Estados Unidos o en España, por ejemplo, para resaltar el caso reciente, la Fiscalía Anticorrupción tiene autonomía del gobierno. La Fiscalía Anticorrupción depende de la audiencia nacional. Un juez conduce una investigación; el ministerio público hace la investigación y la policía, que es una policía profesional, una policía profesionalizada hace específicamente la investigación.

No depende del gobierno, no depende de acuerdos políticos, no forma parte del mismo partido político; tiene plena autonomía técnico-operativa y funcional por parte del gobierno en turno.

En Estados Unidos funciona algo parecido. Esa es una de las razones por las cuales hay instituciones fuertes que pueden prevenir, investigar y castigar la corrupción.

En nuestro país el que persigue penalmente la corrupción depende del gobierno o de los gobiernos; el que persigue administrativamente la corrupción depende del gobierno, del Secretario de la Función Pública, y así funcionan en todas las entidades federativas.

Evidentemente cuando quien averigua un acto de corrupción depende del propio entorno político de quien comete el acto de corrupción, evidentemente no hay ningún incentivo para investigar esos delitos y mucho menos para castigarlos.

La reforma anticorrupción que aprobó este congreso recientemente trata de romper el vínculo político de entre quienes investigan la corrupción y las castigan.

¿Cómo se rompe este vínculo político? Dando la autonomía a la Fiscalía Anticorrupción; dándole autonomía al Secretario de la Función Pública, fortaleciendo la Auditoría Superior de la Federación, creando un tribunal especializado para castigar la corrupción administrativa y darle fortaleza al Poder Judicial para castigar los delitos de corrupción.

De eso se trata al final de cuentas la fiscalía de anticorrupción, y es justamente lo que funciona en otros países y lo que no funciona en nuestro país, y esa es la razón por la cual un caso se revela en Estados Unidos o en España y no en México.

Es un problema de instituciones. La solución de largo plazo, la única posible, la única eficaz para abatir la corrupción en nuestro país tiene que ver con generar capacidades institucionales, crear instituciones que actúen con independencia de quien se trate, con independencia de quién es el jefe político en turno, y con independencia de qué partido político pertenece quien ha sido imputado o del cual se presuma alguna conducta indebida.

REPORTERO: Marihuana.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Yo advierto que en este periodo habría condiciones para por lo menos avanzar en la discusión de marihuana medicinal y mecanismos de preliberación.

Siendo –y es una opinión estrictamente personal– que el salto a marihuana recreativa o uso de marihuana recreativa tendrá una madurez diferente, porque ahí las posiciones son todavía un poco más difíciles de acercar, y porque hay muchos dilemas institucionales alrededor de esa decisión, no menores.

Y, por ejemplo, para marihuana recreativa o uso de marihuana recreativa hay distintos modelos de suministro de la marihuana:

Está el modelo de los clubes. Se forma un club, el club produce la marihuana y la pone al servicio de los miembros del club.

Existe el modelo de compra controlada, el caso de Uruguay. En las farmacias a partir de una receta dada por un médico o a partir de una autorización pueden entregar, pueden vender la marihuana en farmacias o en lugares controlados. Es el modelo uruguayo de compra controlada.

Pero también están los modelos un poco más libérrimos o más flexibles, donde prácticamente pueden comprarse marihuana en una esquina.

¿Cuál es el modelo que más le conviene a nuestro país con los altos niveles de corrupción que tiene nuestro país y con la enorme penetración del crimen organizado en nuestra sociedad?

Debemos de poner en balanza esas variables para tomar una decisión que sea responsable.

Lo bueno es que el debate ya está abierto. Lo bueno es que hay consenso de que tenemos que encontrar una solución institucional al tema de la marihuana en todas sus vertientes: medicinal, recreativa y también criminal.

Pero lo más importante es no por ese consenso descuidar los detalles. En los detalles está el diablo, y donde nos podemos equivocar es en un modelo que no sea lo suficientemente fuerte y sólido para la realidad mexicana.

No se puede simplemente exportar modelos. No podemos decir: traigamos el modelo de Colorado. Tenemos que ajustar ese modelo, el que convenga a la realidad mexicana.

¿Y cuál es la realidad mexicana? Débiles instituciones, crimen organizado con una penetración importante en nuestra sociedad. Somos un país que ha servido de tránsito hacia un mercado importante. Tenemos un problema importantísimo de armas en el mercado mexicano o armas en la realidad mexicana, y evidentemente un desafío como país productor específicamente de marihuana y amapola.

REPORTERA: ¿Pero se prevé que durante este periodo ya sepamos sobre el uso medicinal de la marihuana?

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En la discusión, en la creación del consejo técnico y en el método para abordar la discusión sobre marihuana, nos hemos hecho el planteamiento, nos hemos puesto el objetivo de que en este periodo tengamos resoluciones concretas sobre el debate de la marihuana en su conjunto.

No hay que perder de vista también que el Ejecutivo Federal ha convocado a un proceso de diálogo, un proceso de debate que no rivaliza con nuestro proceso pero que evidentemente se tendrán que encontrar tarde o temprano en el camino.

El Legislativo no va a encontrar una solución que no pase por el compromiso de parte del gobierno de la República, porque quien va a implementar el modelo de que se trate será el propio gobierno de la República.

Tenemos que encontrarnos tarde o temprano en el camino, el Ejecutivo y el Legislativo, pero lo bueno o lo más útil sería que cuando nos encontráremos en el camino cada poder tenga muy delimitado cuáles son los ámbitos, las opciones de regulación que pueden ser idóneas y convenientes para nuestro país.

REPORTERA: Buenos días, presidente. Preguntar tres cosas:

Independientemente de que señala o acusa está obligado a aprobar, a mí me gustaría saber puntualmente si el senador Demédicis cuenta con el respaldo de la Presidencia del Senado de la República en las acusaciones que se le están haciendo por incluso la presunta autoría del homicidio de la alcaldesa de Temixco.

Preguntarle también si ya tienen ustedes fecha para reunirse con la CONAGO, que iba a venir a hablar el tema del mando único, la infiltración de las policías, etcétera.

Y preguntarle finalmente, ¿van a tener algún encuentro con el Papa, independientemente de que no haya aceptado la invitación que le formuló el Congreso Mexicano?

¿Ustedes van a encontrarse con él en algún momento? ¿Están invitados a algún evento?

Tengo entendido que iba a ser en el Auditorio Nacional donde los iban a convocar y se canceló.

Me gustaría saber, una, eso, y dos, si no se sienten desairados.

Gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: El presidente del Senado, la Mesa Directiva, el Senado en su conjunto no respalda o deja de respaldar a un senador.

La responsabilidad del presidente del Senado es hacer valer la protección constitucional que tiene un legislador frente a cualquier imputación delictiva que se le haga.

Y esa responsabilidad se traduce en lo siguiente: Que sólo en el caso de que haya una averiguación previa, abierta, notificada debidamente al Congreso para efecto de evaluar el retiro de la protección constitucional de la que goza un legislador, hasta ese momento simplemente no podemos intervenir ni tenemos nada qué decir.