En la ausencia o debilidad de las instituciones se incuban las violaciones a los derechos humanos: Roberto Gil Zuarth

• No escondemos nuestros problemas debajo del tapete, porque en nuestra pluralidad democrática ya nadie tiene el control de la escobilla. No somos un Estado fallido, ni merecemos ser vistos o tratados como tal: Gil Zuarth.
• Proteger y garantizar los derechos humanos significa construir instituciones y hacer también que las instituciones funcionen correctamente: Presidente del Senado.

Comunicado/Trascender Online Noticias

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth afirmó que en el corto plazo se debe abordar un proyecto de modernización de las instituciones para aumentar la capacidad de respuesta del Estado; la eficacia restaurativa de su intervención en las relaciones sociales y su legitimidad para aplicar la ley y gestionar los conflictos.

Durante el inicio del 55 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que para México hay grandes desafíos en materia de derechos humanos que se deben atender.

“No hemos extirpado aún a la tortura como método de investigación; los desplazamientos como forma ominosa de coacción; la violación al debido proceso como remedio a la negligencia, la corrupción o la ineficacia de los agentes del Estado; las agresiones a periodistas como gatillo para silenciar la libertad de expresión; la discriminación y la exclusión como nuevas manifestaciones de la intolerancia y de la desigualdad”, dijo.

Gil Zuarth destacó que tenemos instituciones que velan por los derechos humanos desde un régimen de autonomía e independencia y que están bajo el escrutinio, la exigencia y el repudio social sobre las violaciones a los derechos humanos.

“México ha cambiado notablemente en los últimos años y ha cambiado para bien. Pero también es cierto que tenemos grandes desafíos. No hemos erradicado las prácticas culturales, los abusos y los contra-incentivos que persisten a pesar de todos estos avances”, dijo.

El senador afirmó que “proteger y garantizar los derechos humanos significa construir instituciones y hacer también que las instituciones funcionen correctamente. En la ausencia o debilidad de las instituciones, se incuban las violaciones a los derechos humanos”.

Y aseguró que “la perspectiva del yo, puede servir para racionalizar e imparcializar lo que se impone a otros. El yo es un modo de activar nuestras intuiciones sobre lo justo y sobre lo injusto. Hoy, podríamos agregar aquella noble lección, que los verbos de los derechos humanos se conjugan necesariamente en todas las formas del singular y en todas las formas del plural. Es el yo en el rostro de los otros, y los otros en las prioridades del yo”.

En suma, dijo el senador, es “el lenguaje incluyente de todos, nuestra forma jurídica e institucional de decirles a los demás que nos importan”.

Gil Zuarth afirmó que México es un país con muchos y muy complejos problemas, pero también es una nación que los enfrenta desde la pluralidad democrática y desde las instituciones.

“No escondemos nuestros problemas debajo del tapete, porque en nuestra pluralidad democrática ya nadie tiene el control de la escobilla. No somos un Estado fallido, ni merecemos ser vistos o tratados como tal. Somos una sociedad trabajando para salir adelante, para alcanzar mayores grados de prosperidad, de justicia y de libertad”.

El Presidente del Senado propuso 10 puntos prioritarios en torno a garantizar los derechos humanos:

Primero: Desmantelar los instrumentos de excepción como el arraigo, que es incompatible con un diseño de seguridad basado en los derechos.

Segundo: Dotar a las Fuerzas Armadas de un estatuto jurídico que norme claramente su participación en tareas de seguridad pública orientadas a generar capacidades institucionales civiles, sobre todo a nivel local.

Tercero: Regular la fuerza coactiva del Estado, de la fuerza pública. Se requieren también pedagogías que orienten la discreción de los agentes del Estado, reglas de modulación situacional, mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, tramos claros de responsabilidad política y operativa.

Cuarto: Legislar sobre tortura y otros tratos crueles y degradantes, para que efectivamente la tortura deje de ser técnica de investigación; pero también para evitar que sea utilizada como recurso para evadir la responsabilidad penal.

Quinto: Fortalecer las instituciones de protección de los derechos de las víctimas de los delitos y de las violaciones a derechos humanos, mayor equilibrio procesal, acompañamiento resiliente de todas las autoridades, eficiente focalización de los recursos, efectiva restauración de la convivencia.

Sexto: Revisar el actual régimen de atracciones caso por caso de agresiones a periodistas y sustituirlo por un sistema de corresponsabilidades nacionales en la prevención, persecución y castigo a los que victiman a personas con el fin de lastimar la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos.

Séptimo: Renovar nuestros mecanismos de tutela de los derechos humanos, para hacerlos accesibles a la gran mayoría y avanzar hacia la Fiscalía General de la Nación para mejorar la funcionalidad del nuevo modelo de justicia penal y reducir la impunidad. Necesitamos una fiscalía base cero.

Octavo: Reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para mejorar la coordinación, inducir la responsabilidad local y castigar a los que no quieren o no pueden hacer su trabajo por complicidad o negligencia.

Noveno: Articular en un sistema nacional con altas dosis de participación y escrutinio ciudadano para situar en el máximo nivel de las prioridades nacionales el combate a la impunidad y la protección de los derechos humanos.

Décimo: Incorporar a nuestro ordenamiento la figura de leyes de armonización de derechos humanos para desdoblar los contenidos normativos internacionales en nuestro derecho interno y con el fin de que su desarrollo y expansión sea una auténtica política de Estado.

Finalmente dijo que es necesario incorporar la figura de leyes de armonización de derechos humanos para desdoblar los contenidos normativos internacionales en nuestro derecho interno y con el fin de que su desarrollo y expansión sea una auténtica política de Estado.

En el evento participaron el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Caldas, Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, Arely Gómez González, Procuradora General de la República, entre otros.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL MENSAJE DEL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL 55 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA EN LA SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchísimas gracias por esta atenta invitación.

Honorable Roberto Caldas, Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bienvenido a México.

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

Licenciada Arely Gómez González, Procuradora General de la República.

Señoras y señores ministros; señores jueces de la Corte Interamericana; señoras y señores.

Los derechos humanos constituyen el avance civilizatorio más importante de la humanidad.

Como límites y mandatos al poder, como posiciones jurídicas individuales y colectivas frente al Estado y frente a los otros, frente a las generaciones vivas y frente a las futuras, los derechos humanos son la sustancia esencial de nuestro sentido compartido de justicia; el punto común de partida para vivir en sociedad, la hoja de ruta de nuestra intención por una convivencia plural e incluyente.

En la democracia, los derechos humanos encuentran su espacio de realización institucional; y es que democracia y derechos humanos son dos elementos inseparables de la ecuación de la libertad.

Como patrimonio ético de la humanidad, la vigencia, protección y exigibilidad de los derechos humanos, corre a cargo de reglas e instituciones de alcance internacional, precisamente para que la fuerza expansiva de los derechos no se agote, ni existan pretextos para su retroceso.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido el marco para la apertura de las sociedades latinoamericanas, para el desarrollo y estabilidad democráticos de nuestras naciones, para la rendición de cuentas en torno a los derechos humanos.

Sus dos pilares, la Comisión y la Corte, gozan de la legitimidad de nuestro pacto regional, pero sobre todo, la legitimidad que reside en el ejercicio responsable y constructivo de su autoridad.

Sabemos que su situación no es fácil. Sabemos que en el continente persisten reflejos autoritarios, que algunos gobiernos burlan por acción u omisión sus obligaciones, que en ocasiones se cuestiona, frontal o veladamente, la vigilancia o la jurisdicción internacional sobre los derechos humanos.

Desde el Senado de la República valoramos la contribución del sistema en la promoción y protección de la democracia y de los derechos humanos; reiteramos nuestra disposición a colaborar con sus instancias y, en particular, enfatizamos nuestro compromiso en la defensa de los principios y fines que justifican su existencia.

México es un país plural y democrático. Somos una sociedad que se ha insertado plenamente en el consenso internacional de los derechos humanos. Somos una de las naciones con más tratados suscritos y ratificados en la materia.

Nuestra política exterior, destacadamente a partir del cambio político democrático, se expresa gradualmente en la gramática de los derechos humanos.

A partir de la reforma constitucional de 2011, dimos a las fuentes normativas internacionales de los derechos humanos, a los tratados y resoluciones, vigencia plena como reglas de solución de los conflictos, como razones fuertes para pacificar nuestra convivencia, como ley que puede, incluso, desplazar la validez y aplicación del derecho interno.

Nuestra Corte Suprema puede, en una cuestión a trámite, declarar la inconvencionalidad de una ley, a partir de una sentencia interamericana.

Un juez con jurisdicción ordinaria puede invocar de manera directa un precepto internacional para resolver un caso concreto. Las partes construyen sus posiciones litigiosas desde precedentes internacionales.

El debate jurídico en nuestro país usa el léxico de la ponderación, de la progresividad, de la irreversibilidad, del contenido esencial de los derechos, mientras que nuestras conversaciones institucionales y políticas han abandonado poco a poco la perspectiva del Estado y abrazan, en consecuencia, a la persona humana como principio y fin de nuestra vida social.

Tenemos institucionales que velan por los derechos humanos desde un régimen de autonomía e independencia y se intensifica cada vez más se intensifica el escrutinio, la exigencia y el repudio social sobre las violaciones a los derechos humanos.

Sí, en efecto, México ha cambiado notablemente en los últimos años. Y ha cambiado para bien.

Pero también es cierto que tenemos grandes desafíos. No hemos erradicado las prácticas culturales, los abusos y los contra-incentivos que persisten a pesar de todos estos avances.

De manera preocupante toma entre nosotros naturaleza de argumento, la caricatura de los derechos como imposiciones de minorías movilizadas, como las armas de los que se sirven, los malos, para derrotar siempre a los buenos.

En nuestro país, si bien ha aumentado la eficacia preventiva y reparadora de nuestras instituciones, también es cierto que no hemos logrado todavía una rutina de protección y garantía a los derechos humanos.

No hemos extirpado aún a la tortura como método de investigación; los desplazamientos como forma ominosa de coacción; la violación al debido proceso como remedio a la negligencia, la corrupción o la ineficacia de los agentes del Estado; las agresiones a periodistas como gatillo para silenciar la libertad de expresión; la discriminación y la exclusión como nuevas manifestaciones de la intolerancia y de la desigualdad.

Y resolver estos desafíos no es sólo responsabilidad de un gobierno, sino el deber ético de nuestra generación: de la generación que construyó la democracia, de la que ya nació en democracia, de la que introdujo y empieza a vivir bajo el imperio de los derechos, de la que debe, por tanto, heredar a los que siguen una casa mucho más inclusiva, justa y libre.

Proteger y garantizar los derechos humanos significa construir instituciones y hacer también que las instituciones funcionen correctamente. En la ausencia o debilidad de las instituciones, se incuban las violaciones a los derechos humanos.

Debemos abordar, por tanto, en el corto plazo un proyecto de modernización de nuestras instituciones para aumentar la capacidad de respuesta del Estado; la eficacia restaurativa de su intervención en las relaciones sociales; su legitimidad para aplicar la ley y gestionar los conflictos.

Una agenda que podría empezar por, primero: desmantelar los instrumentos de excepción que hemos ido adoptando como solución de necesidad ante la crónica debilidad de nuestras instituciones. El arraigo, por ejemplo, es incompatible con un diseño de seguridad basado en los derechos.

Segundo: dotar a las Fuerzas Armadas de un estatuto jurídico que norme claramente su participación en tareas de seguridad pública; de modo que sea sólo subsidiaria y temporal, pero sobre todo que esa participación esté orientada necesariamente a generar capacidades institucionales civiles, sobre todo a nivel local.

Tercero: regular la fuerza coactiva del Estado, de la fuerza pública. La procedencia democrática de los gobiernos es condición necesaria, más no suficiente para legitimar la violencia legal; se requieren también pedagogías que orienten la discreción de los agentes del Estado, reglas de modulación situacional, mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, tramos claros de responsabilidad política y operativa.

Cuarto: legislar sobre tortura y otros tratos crueles y degradantes, para que efectivamente la tortura deje de ser técnica de investigación; pero también para evitar que sea utilizada como recurso para evadir la responsabilidad penal.

Quinto: fortalecer las instituciones de protección de los derechos de las víctimas de los delitos y de las violaciones a derechos humanos, mayor equilibrio procesal, acompañamiento resiliente de todas las autoridades, eficiente focalización de los recursos, efectiva restauración de la convivencia.

Sexto: revisar el actual régimen de atracciones caso por caso de agresiones a periodistas y sustituirlo por un sistema de corresponsabilidades nacionales en la prevención, persecución y castigo a los que victiman a personas con el fin de lastimar la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos.

Séptimo: renovar nuestros mecanismos de tutela de los derechos humanos, para hacerlos accesibles a la gran mayoría. Debemos, en efecto, discutir cómo democratizar el acceso a la jurisdicción de los derechos; abrir y acercar el amparo a los mexicanos.

Séptimo (sic): Avanzar hacia la Fiscalía General de la Nación para mejorar la funcionalidad del nuevo modelo de justicia penal y reducir la impunidad.

Difícilmente ese objetivo se podrá alcanzar desde los cimientos de la actual Procuraduría General de la República.

Necesitamos una fiscalía base cero. Y eso puede lograrse si aprovechamos correctamente la actual transición hacia el nuevo modelo de justicia oral y adversarial, de modo que la actual procuraduría persista para atender los casos bajo el viejo modelo y la nueva fiscalía asuma a plenitud, en el marco de una cultura organizacional enteramente diferente, los expedientes que deben resolverse conforme a las nuevas reglas del debate penal.

Octavo: Reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para mejorar la coordinación, inducir la responsabilidad local y castigar a los que no quieren o no pueden hacer su trabajo por complicidad o negligencia.

Noveno: Articular en un sistema nacional con altas dosis de participación y escrutinio ciudadano todos los recursos y esfuerzos en materia de derechos humanos con tres propósitos esencialmente:

Situar en el máximo nivel de las prioridades nacionales el combate a la impunidad y la protección de los derechos humanos.

Maximizar la capacidad instalada actualmente dispersa en nuestro complejo entramado burocrático, y además para invertir liderazgo político en la agenda de generación de capacidades en todos los órdenes y ámbitos de gobierno.

Décimo: Incorporar a nuestro ordenamiento la figura de leyes de armonización de derechos humanos para desdoblar los contenidos normativos internacionales en nuestro derecho interno y con el fin de que su desarrollo y expansión sea una auténtica política de Estado.

Señoras y señores: México es un país con muchos y muy complejos problemas, pero también es una nación que los enfrenta desde la pluralidad democrática y desde las instituciones.

No escondemos nuestros problemas debajo del tapete, porque en nuestra pluralidad democrática ya nadie tiene el control de la escobilla.

No somos un Estado fallido, ni merecemos ser vistos o tratados como tal.

Somos una sociedad trabajando para salir adelante, para alcanzar mayores grados de prosperidad, de justicia y de libertad.

Un país abierto al mundo en lo económico, en lo político, pero también en la vigilancia, seguimiento y jurisdicción en materia de derechos humanos.

Un país que está aprendiendo en muchas ocasiones desde el dolor y en un mar de indolencia el enorme esfuerzo que significa vivir en paz.

Hace algunos años, un sabio profesor me dijo que los verbos del derecho deben conjugarse en primera persona del singular.

La perspectiva del yo, puede servir para racionalizar e imparcializar lo que se impone a otros.

El yo es un modo de activar nuestras intuiciones sobre lo justo y sobre lo injusto.

Hoy, podríamos agregar aquella noble lección, que los verbos de los derechos humanos se conjugan necesariamente en todas las formas del singular y en todas las formas del plural.

Es el yo en el rostro de los otros, y los otros en las prioridades del yo.

Es, en suma, el lenguaje incluyente de todos, nuestra forma jurídica e institucional de decirles a los demás que nos importan.

Por su atención, muchísimas gracias.