Ciudad de México La corrupción está tan arraigada en la vida cotidiana de México que se ha consagrado en un dicho conocido: El que no transa, no avanza.
Las mordidas, como los mexicanos llaman a los sobornos, son el precio que hay que pagar para hacer negocios y son parte invisible del presupuesto.
Sin embargo, un paquete de medidas anticorrupción presentado ante el Congreso podría constituir un cambio decisivo en la relación que tiene el país con la corrupción.
La parte más importante es una ambiciosa iniciativa, promovida por la sociedad civil, para imponer normas de transparencia a todos los empleados gubernamentales, sea cual sea su nivel. La iniciativa, llamada 3de3, haría necesario que los servidores públicos presentaran declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de interés, además de comprobar que están pagando impuestos.
De aprobarse, la iniciativa (que también obligaría a los familiares cercanos de los funcionarios públicos a revelar su patrimonio) se encontraría entre las medidas de transparencia de mayor envergadura en el mundo, aseguran sus promotores.
México tiene que aspirar a lo mejor, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los principales autores de la iniciativa de ley y director ejecutivo del grupo Transparencia Mexicana.
No obstante, el paquete está en la cuerda floja.
El Congreso terminó su periodo ordinario de sesiones a finales de abril sin tomar medidas para votar la propuesta. Los legisladores, teniendo en cuenta que el próximo domingo 5 de junio habrá elecciones para gobernador en 12 estados, se negaron a convocar a una sesión extraordinaria para debatir el asunto y aplazaron la sesión para mediados de junio.
En días recientes, sin embargo, el clamor público obligó a los legisladores a programar el debate para hoy lunes.
La iniciativa 3de3 es resultado de un esfuerzo encomiable de la sociedad civil. En 2014, una reforma a la constitución mexicana permitió a los ciudadanos proponer leyes con el apoyo de por lo menos 120 mil firmas validadas. Antes de eso, solo el presidente y los congresistas podían proponer leyes.
La medida logró obtener más de 630 mil firmas.
También recibió el apoyo de asociaciones empresariales de gran influencia. Algunos analistas especulan que los empresarios apoyan la ley porque los sobornos que pagan las empresas tal vez hayan mermado sus ganancias.
Está claro que se trata de un acontecimiento histórico en lo que respecta a la movilización de la sociedad civil, expresó Viridiana Ríos, becaria de investigación en el Wilson Center de Washington y columnista de Excélsior, un periódico nacional.
La creciente atención a la corrupción en México refleja, en parte, un cambio en la forma en la que los sociólogos y los funcionarios gubernamentales están pensando sobre la forma ideal de abordar los problemas del país, en especial la violencia. Durante años, la principal estrategia del gobierno para combatirla fue atacar a los carteles del narcotráfico.
No obstante, en años recientes la corrupción, y la impunidad que la permite, se han visto cada vez más como los principales causantes de la violencia y otros males nacionales.
La corrupción agrava o es causante directa de los peores problemas y retos que enfrenta México, manifestó Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, un grupo de investigación que ayudó a encauzar el esfuerzo ciudadano relacionado con la iniciativa.
¿Cómo podemos resolver el problema de la violencia y la delincuencia organizada si no resolvemos el problema de la corrupción?, añadió Pardinas. La corrupción está debilitando la capacidad del Estado para atender los retos del país, señaló.
Según la investigación del instituto, casi todos los delitos de corrupción quedan impunes, y cuando se fincan responsabilidades, nunca se hace a los funcionarios de alto rango. De 444 casos enviados a la Procuraduría General de la República por la Auditoría Superior de la Federación entre 1998 y 2012, únicamente siete fueron consignadas.
No podemos mantener un sistema político en el que los ciudadanos cuentan con suficiente información para conocer el grado de corrupción, pero las instituciones gubernamentales son totalmente incapaces de someter los casos a proceso, dijo Pardinas.
En mayo de 2015, en medio de una investigación por denuncias de conflictos de interés que involucraban a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Finanzas, el mandatario firmó una reforma constitucional que plantea la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para saber
La ley 3de3 es una iniciativa ciudadana que establece la obligación de todos los funcionarios de hacer públicas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal
Por El Diario
