Gerardo Ruiz Esparza, el inamovible secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene añejos vínculos con la clase política del Estado de México incluido el propio presidente Peña Nieto y con consorcios inmersos en varios escándalos. Los dislates del funcionario ante el accidente de la semana antepasada en el Paso Exprés de Cuernavaca, reavivaron las voces de quienes exigen su remoción. Unos lo llaman esteta de la corrupción, pero el titular del SAT, Aristóteles Núñez, lanzó un tuit más contundente: Secretario Gerardo Ruiz Esparza, no es un socavón, no es la lluvia. Es negligencia y corrupción
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A Gerardo Ruiz Esparza, hombre de los grandes negocios con el corporativo español OHL, Grupo Higa, la familia San Román, y las empresas Aldesa, Gutsa, Altán y Alstom nadie lo mueve.
Pese a sus errores, los escandalosos sobreprecios en decenas de licitaciones que ha organizado, las evidencias de presunta corrupción en su trayectoria profesional, sus declaraciones ante los accidentes trágicos como el del miércoles 12 en el Paso Exprés de Cuernavaca, sigue al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la cual llegó el 1 de diciembre de 2012, apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto.
El 16 de mayo de 2015, cuando se le desintegró en la atmósfera el satélite mexicano Centenario cuyo costo ascendió a 300 millones de dólares, la dependencia que dirige responsabilizó a las empresas International Launch Services y Boeing Satellite Systems.
Meses antes, el 3 de noviembre de 2014, en el Senado se acusó Ruiz Esparza de favorecer los intereses del empresario Juan Armando Hinojosa, cabeza del Grupo Higa y amigo de Peña Nieto, en la licitación del tren México-Querétaro, que se suspendió ante el escándalo de la Casa Blanca, revelado por Proceso y el portal Aristegui Noticias el 8 de noviembre de ese año.
No es un tema de amistades, es un tema de negocios, respondió Ruiz Esparza a los senadores que lo cuestionaron: Javier Corral, del PAN, Manuel Bartlett, del PT, y Fidel Demédicis, del PRD.
Por decisión unilateral, el funcionario decidió adquirir poco más de 10 millones de televisores digitales para repartir en la política del apagón analógico a un sobreprecio escandaloso: de los 18 mil 760 millones de pesos originalmente presupuestados, terminó costando 28 mil 446 millones de pesos más.
Un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reveló que 54.88% de los aparatos fueron mal repartidos y la Auditoría Superior de la Federación detectó casi 400 mil unidades perdidas.
Ante la indignación de Televisa y TV Azteca, afectadas con la política del apagón analógico y las evidentes fallas en el reparto de los televisores durante el año electoral 2015, Ruiz Esparza se defendió ante el Senado señalando que el documento del IFT no tiene sentido legal ni práctico claro y se autoelogió: La culminación exitosa del apagón analógico permitió que el 93% de los hogares de México tengan acceso a los beneficios de la televisión digital.
Por Proceso
