Brasil, a un paso de un golpe de Estado: Rousseff

Brasilia. — Dilma Rousseff, presidenta suspendida de Brasil, eligió ayer un tono combativo en su alegato final en el juicio político que el Senado sigue en su contra y admitió que siente el “sabor amargo de la injusticia”. Declaró que el país está “a un paso de un golpe de Estado”.

Arropada por buena parte de su gabinete; por su padrino político, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y por amigos, como el cantante Chico Buarque, la presidenta detalló, durante un discurso de 45 minutos, los argumentos de su defensa en intervención ante el pleno del Senado.

Rousseff dijo que siente “el gusto amargo y áspero de la injusticia” y advirtió a los senadores que no caería en “el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar contra el Estado de derecho”.

Con una firmeza que se quebró por la emoción contenida apenas unos segundos casi al final de su intervención, Rousseff insistió en su inocencia y aseguró que, en el ejercicio de su mandato, cumplió con rigor con el “compromiso de defender la Constitución” y las leyes.

“No lucho por mi mandato, vanidad o apego al poder. Lucho por la democracia, la verdad y la justicia”, afirmó la mandataria.

“Sólo temo por la muerte de la democracia”, llegó a decir en un momento de una intervención en la que insistió en que ha sido “acusada injusta y arbitrariamente” para darle viabilidad a “un golpe” promovido por la élite política y económica.

Este juicio, agregó, es resultado de una “conspiración” que empezó en octubre de 2014, cuando fue reelegida para un segundo mandato.

Las acusaciones son, a su juicio, “pretextos” para imponer políticas que “atentarán contra los derechos sociales que los brasileños conquistaron desde 2003”, cuando Lula llegó al poder.

“Vengo a mirar directamente a los ojos y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad”, insistió Rousseff, quien evocó su experiencia en la cárcel durante su lucha contra la dictadura, en los años 70, y denunció que ahora pretenden someterla a “la pena de muerte política”.

“La primera vez fui condenada por un tribunal de excepción y de ello quedó una foto en la que miro de frente a mis verdugos con la cabeza erguida, mientras ellos se escondían”, recordó la jefa de Estado.

“Hoy no hay prisión ilegal, no hay tortura, mis jueces llegaron aquí por el mismo voto popular que me llevó a la presidencia y les tengo el mayor respeto por eso, pero los sigo mirando con la cabeza erguida y sufro de nuevo con el sentimiento de injusticia y el recelo de que la democracia sea traicionada”, denunció.

La presidenta, suspendida temporalmente del poder en mayo y sustituida por Michel Temer —su vicepresidente—, sostuvo que un cambio de gobierno en un “régimen presidencialista”, como el que rige en Brasil, sólo puede ser hecho “por el pueblo y mediante elecciones” y no “mediante una ruptura democrática”.

“Defiendo que el único pacto posible se realice con todos los brasileños, que deben ser llamados a posicionarse sobre una elección directa anticipada y una reforma política”, argumentó. Anticipó que podría apelar ante el Supremo Tribunal Federal en caso de que el Senado apruebe su destitución definitiva.

“Todos seremos juzgados por la historia”, concluyó la mandataria, quien insistió en sus argumentos durante el turno de preguntas y respuestas abierto con los senadores.

Defienden proceso. Varios senadores contrarios a la mandataria negaron que el juicio político contra la presidenta de Brasil sea un “golpe de Estado”. “Usted falsea la historia sobre la naturaleza del proceso que estamos viviendo”, acusó Aloysio Nunes. “Este proceso justamente es de defensa de la legalidad”, argumentó el político del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

“¿Cómo hubo golpe si usted ejerce todo el derecho de defensa en el Congreso?”, interpeló Nunes a Rousseff después de su discurso.

También la senadora Ana Amelia Lemos del Partido Progresista (PP), entre otros, rechazó el lenguaje de Rousseff. Su presencia “en el Senado legitima el juicio y derriba la narrativa de su excelencia y de su partido”, dijo.

El proceso de destitución contra Rousseff es controvertido tanto a nivel nacional como internacional. La jefa de Estado, en el cargo desde enero de 2011, no es acusada de corrupción, sino de ser responsable de las llamadas “ruedas fiscales”, unas maniobras para ocultar el déficit fiscal con trucos contables.

En Sao Paulo, en la noche, la policía dispersó con bombas de gas lacrimógeno una manifestación contra el juicio a Rousseff. El acto congregó a centenares de personas e inició de forma pacífica en la Avenida Paulista, hasta que la policía montó un bloqueo, debido a que los manifestantes no divulgaron el itinerario del acto.

Al llegar al bloqueo, varios de los manifestantes se enfrentaron a los agentes, quemando contenedores de basura, por lo que la policía usó bombas lacrimógenas. El pleno del Senado, compuesto por 81 senadores, decidirá, probablemente entre hoy y mañana, el futuro de la primera presidenta de Brasil.

Por El Universal