Llama senadora Layda Sansores a la Asamblea Legislativa a atender víctimas de represión en la CDMX
Desde 1 de diciembre de 2012 a la fecha se han violentado derechos de ciudadanos a la libre manifestación y de expresión, acusa.
Denuncia que ese órgano legislativo desaire a víctimas de hechos represivos cometidos por el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Comunicado/Trascender Online Noticias
La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, propuso que el Senado de la República haga un exhorto a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a su Comisión de Derechos Humanos para que atienda los testimonios y dé la debida atención a la demanda de presos y ex presos derivados de hechos relacionados con el ejercicio de la libre expresión y del derecho de manifestación.
En un punto de acuerdo, la legisladora explica que desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha se han registrado un sinnúmero de violaciones contra ciudadanos en la capital del país, en su mayoría jóvenes y estudiantes, por el sólo hecho de manifestarse o hacer ejercicio de la libre expresión.
Hizo notar que jóvenes y ciudadanos han sido criminalizados por estar dispuestos a salir a la calle a protestar o participar en manifestaciones, e incluso, otros que ni siquiera tienen activismo político alguno, fueron acusados de vandalismo injustamente.
En tanto, agregó, las autoridades encubren y protegen a los verdaderos autores de la violencia, dejando que actúen en la total impunidad, en detrimento justamente de las expresiones pacíficas, además de vandalizar la propiedad privada, comercios y monumentos patrimonio de todos.
Puso como ejemplo el caso de una joven detenida el 1 de diciembre de 2012, por el sólo hecho de portar una camiseta del movimiento #YoSoy132, otro ciudadano por el tipo de corte de pelo que llevaba, el de un fotógrafo extranjero y ciudadanos que sólo pasaban por el lugar de las manifestaciones fueron detenidos sin causa alguna.
Asimismo, el caso de una jefa de familia encarcelada el 29 de octubre de 2013 y retenida en prisión por más de 8 meses, con el argumento de que era altamente peligrosa por ser asidua asistente a manifestaciones, según lo dejó asentado expresamente la jueza 19 penal Marcela de los Angeles Arrieta.
En este sentido, dijo que son demasiadas las fechas de eventos represivos relacionados con manifestaciones y ciudadanos detenidos de manera arbitraria, así como aquellos que han sido retenidos en prisión por varios meses o incluso sentenciados como una manera de castigar el activismo social en la Ciudad de México.
Refirió que, derivado de los hechos represivos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad ha emitido seis recomendaciones, las cuales el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha incumplido en su totalidad hasta la fecha.
Todavía tenemos detenidos y procesados que están sujetos a irregularidades y siguen sus procesos dentro del ámbito de la justicia de la Ciudad de México, señala; pero hay otros que están dentro de la esfera federal, por acción de la PGJ, por lo que considera que se deben encontrar formas de ayudarlos.
Mencionó que el pasado mes de febrero, en el marco de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, se citó a sesión de trabajo para revisar los testimonios de las víctimas de los eventos represivos ocurridos en la Ciudad de México, pero fue lamentable que a dicha sesión sólo asistió su presidente, ni un diputado integrante de la misma con voz y voto.
Ello, lamentó, es un desaire no sólo a los asistentes, presos, expresos, procesados, ex procesados y familiares, sino a los habitantes de esta Ciudad que merecen garantías y respeto a sus derechos humanos.
Por ello, ante esta realidad que golpea la conciencia de todas y todos los ciudadanos, es necesario exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a su Comisión de Derechos Humanos para que, más allá de banderas partidistas o intereses políticos, se atienda el interés de los ciudadanos afectados y se legisle con seriedad y responsabilidad para resarcir este inmenso daño social,
El punto de acuerdo se remitió a la Comisión del Distrito Federal para su análisis y dictamen correspondiente.
