Cosme Vázquez
La reforma educativa va para adelante, no tiene por qué suspenderse en determinados estados de la República ni en Chiapas, porque se trata de un mandato Constitucional; seguimos firmes y no participación en ninguna negociación con la CNTE en las entidades federativas, son atribuciones delos gobiernos estatales, sostuvo la delegada de la SEP en la entidad, Josefa López Ruiz de Laddaga.
Confirmó que son las autoridades estatales las que entablaron el diálogo con los dirigentes de la CNTE, por lo que desconoce los acuerdos a los que hayan llegado y por lo cual levantaron el movimiento este martes, un día antes de lo que habían anunciado.
La CNTE puede pedirle a los gobiernos estatales que sean ellos que impulsen se eche abajo la reforma educativa, pero sus dirigentes lo saben perfectamente porque se trata de una ley.
En este sentido, aseguró que la evaluación que faltó de aplicarse el año pasado se hará en junio de este año, en tanto la evaluación 2016 se aplicará en noviembre.
Asimismo, señaló que esta última manifestación en contra de la reforma educativa realizada en Chiapas, como una estrategia de lucha de la CNTE, se reduce a tres mil 882 profesores que han sido identificados y que se les aplicará el descuento respectivo de su salario por no haber trabajado el lunes y martes de esta semana.
La megamarcha que se vio el lunes ha sido más bien una manifestación de diversas organizaciones sociales que enarbolan diversas demandas sociales y de hasta liberación de algunas personas, porque según el reporte de las autoridades estatales los maestros faltistas son pocos y en su mayoría son maestros de secundarias técnicas.
Sostuvo que a pesar de la reforma educativa es el gobierno del estado el que aplicará los recursos económicos de los programas educativos, salvo el pago de los salarios que realiza ahora la SEP. Todos los demás programas se siguen manejando como siempre con recursos federales que aplican los gobiernos de los estados.
Descartó que la CNTE esté ganando conciencias de la sociedad para unirse a su lucha, sino más bien se trata de un manipuleo a otras organizaciones que les conviene salir a las calles por asuntos que son propiamente de la responsabilidad del gobierno estatal.