Saltillo, Coahuila.- Con el respaldo de 23 de los 38 ayuntamientos, el Congreso del Estado aprobó en definitiva las reformas a la Constitución de Coahuila y a diversas leyes, para eliminar el fuero y permitir que los servidores públicos sean juzgados como cualquier ciudadano.
Esto implica modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de acuerdo con la iniciativa enviada al Poder Legislativo por el gobernador Rubén Moreira Valdez.
En su momento, el PAN, la UDC y el PPC promovieron la eliminación del fuero; Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo, y Juan Carlos Guerra López, diputado electo, pidieron lo mismo, al igual que el exgobernador Humberto Moreira Valdés y la organización Alianza Anticorrupción Coahuila.
De esta manera, será posible proceder penalmente contra el Gobernador, diputados, el auditor superior del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de los tribunales distritales, los jueces de Primera Instancia, los secretarios del ramo, el procurador de Justicia y los subprocuradores.
Igual aplicará para los alcaldes, regidores y síndicos de los ayuntamientos, integrantes de los consejos municipales, así como los titulares e integrantes de los consejos o asambleas generales de los Organismos Públicos Autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
Así, no existirá la necesidad de que el Congreso del Estado declare mediante resolución de las dos terceras partes del total de sus miembros si se procede contra el inculpado.
Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo, salvo que se le imponga alguna medida cautelar consistente en prisión preventiva o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia aplicable.
En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo, se separará al sentenciado de sus funciones. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena.
Excepciones
» Las medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de la libertad, salvo en los casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y de la salud.
Da Congreso luz verde a iniciativas contra la corrupción
Durante la sesión de ayer, el Pleno del Poder Legislativo aprobó por mayoría un paquete de reformas en materia de combate a la corrupción, que incluye transformar a la PGJE en Fiscalía General, crear la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y constituir el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El TJA impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas e inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas estatales o municipales.
De igual manera, deberán resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal, a las dependencias o entidades estatales o municipales o a los organismos públicos autónomos.
Las personas morales que intervengan en actos de corrupción también serán sancionadas, pudiendo ordenarse la suspensión de actividades, la disolución o intervención de la sociedad si afectaron el erario.
Los ciudadanos que detecten estos hechos de corrupción podrán formular denuncias ante el Congreso del Estado.
Además, se castigará penalmente al servidor público por enriquecimiento ilícito con decomiso o extinción del dominio de bienes.
Estará integrado por cinco magistrados designados por el Gobernador y ratificados por el Pleno o la Diputación permanente, durando en el cargo 15 años.
También, se crea la Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila (SAC) y con esto serán sujetos de responsabilidad los particulares que intervengan en hechos vinculados a faltas administrativas o hechos de corrupción e incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.
Por Zócalo
