CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Especialistas de la Santa Sede analizan la viabilidad para aplicar la máxima de las penas de la Iglesia: la excomunión, a los políticos corruptos, reveló la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario Desde la Fe.
En su edición de este domingo, la jerarquía eclesiástica anunció lo anterior en el contexto de la situación político-electoral que existe en el país rumbo a las elecciones presidenciales del 2018.
Mientras se acerca el inicio del proceso electoral 2018, los ciudadanos manifiestan desconfianza creciente hacia un sistema de partidos en irrefrenable caída y descomposición que, al final, se niegan a responder de las atrocidades cometidas por sus gobernadores que, al amparo de sus partidos, devastaron las economías de los Estados del país, aseguró.
Con justificada razón, dice el texto, la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso.
Según la Arquidiócesis, lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común.
Por si fuera poco, agregó que tales conductas también tienen consecuencias morales y espirituales. Entonces recordó las palabras del Papa Francisco sobre el tema:
La corrupción degrada la sana convivencia e impide la justicia que a todos corresponde. La conducta de gobernadores y funcionarios imputados en la comisión de delitos pisoteó la dignidad de los gobernados, aniquilando mejores condiciones para su futuro. Así, especialistas de la Santa Sede analizan ya la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a estos políticos rapaces, a fin de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos: la separación del cuerpo eclesial, es decir, la excomunión a los corruptos.
Desde la Fe argumentó los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a propósito de la malversación de recursos federales hacia los estados:
El desvío impide saber cuál fue el destino de monumentales cantidades otorgadas a las 32 entidades federativas que, en conjunto, no han podido comprobar casi 98.2 mil millones de pesos, mismos que habrían tenido que ser aplicados al desarrollo, infraestructura, deuda pública, seguridad social o provisiones salariales y económicas, en el período comprendido entre 2013 y 2015?.
Siguió con datos de la ASF: Sólo cinco entidades concentran 56% de los recursos desviados, mismas que descuellan por los altos índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad; se trata de Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca. Estos estados han sido gobernados bajo distintas banderas y colores partidistas.
La Arquidiócesis acusó: Ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los mínimos elementales de transparencia y honorabilidad. Desde la pasada elección federal de 2012, la historia muestra la gran tragedia que soportamos.
Y concluyó: Los criminales son los mismos gobernantes que, en su momento fueron supuestamente escogidos bajo lupa a través de procesos rigurosos de selección, dignísimos líderes merecedores de confianza, pero que en los hechos demostraron el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado, y como siempre, los más pobres son los grandes perdedores debido a la rapacidad de estos gobernadores que encarnan a la corrupción misma.
Por Proceso
