A tres meses de la entrada en funcionamiento, el Sistema Nacional Anticorrupción carece de presupuesto y oficina donde reunirse, afirmó su presidenta Jacqueline Peschard.
Ello, luego de que la organización Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas dio a conocer que el presupuesto estimado en materia de combate a la corrupción para este año debería ser de 7 mil 382 millones de pesos.
Esos 7 mil y pico de millones de pesos es lo que las entidades están usando para la combatir la corrupción Sin embargo, llevamos tres meses de vida y todavía no tenemos, ya no digamos presupuesto, ni siquiera una oficinita donde reunirnos, dijo Peschard en la sede del Inai, donde acudió a la presentación del Reporte Ethos. Descifrando la corrupción.
Peschard advirtió que la corrupción en México se convirtió en un problema estructural que no sólo atañe a los servidores públicos, también a los entes privados dentro del ejercicio de la función pública.
En nuestro país, la corrupción no es un mal que ocurre de manera oculta, que nadie ve por donde se van los desvíos de recursos, sino algo que está a la luz pública, algo que hacemos cada día, eso es quizá lo que nos distingue de países con tradiciones democráticas, donde los actos de corrupción son grandes asuntos entre empresas y sector público.
Para nosotros, la corrupción es algo que está ahí todo el tiempo y nuestra sociedad ha sido muy tolerante con el tema. El texto que nos presenta Ethos dice que hay una falta de condena social frente a la corrupción, a esto es a lo que yo digo que hemos sido tolerantes, advirtió.
José Luis Chicoma, director general de Ethos, señaló la urgencia de simplificar y modernizar los servicios gubernamentales, y añadió que la falta de competencia en el otorgamiento de los mismos y el inevitable contacto entre funcionarios y ciudadanos propicia los actos de corrupción.
La incorporación de la tecnología no sólo facilitaría y agilizaría los trámites, también reduciría los actos de corrupción, aseguró.
El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, coincidió con la ex comisionada presidenta del IFAI, de que la corrupción en México no es un tema de cultural, sino estructural.
Refrendó su compromiso de acompañar los proyectos de gobierno abierto y los mecanismos para denunciar y combatir la corrupción.
La discrecionalidad súbita ha venido anidando en todos los comportamientos sociales, arquitecturas permisivas que vienen generando, indudablemente, lastres que nos pesan hoy a todos, dijo Acuña Llamas.
El comisionado Joel Salas indicó que en la construcción de los sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, se buscó una nueva forma de relación de la población con las autoridades, por lo que gracias al Gobierno Abierto, el Sistema Nacional Anticorrupción podrá concretarse en la práctica.
Si bien es cierto que, gracias al Comité de Participación Ciudadana, al interior del sistema nacional y en todos los sistemas locales habrá una representación formal de la ciudadanía, creemos que los ejercicios locales de gobierno abierto deberían de ser utilizados para poder monitorear que los sistemas anticorrupción locales lleguen a buen puerto, dijo.
Se reúnen ONG y autoridades. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se acercaron con las organizaciones de la sociedad civil que salieron de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), tras denunciar el caso de presunto espionaje a tres de sus integrantes, indicaron Tomás Severino, representante de las ONG, y el comisionado presidente del instituto, Acuña Llamas.
Severino dijo que ellos están a la espera de que el gobierno federal haga una propuesta seria, porque no sólo se trata detener el espionaje del que fueron objeto tres defensores de derechos a la salud, sino también que se elimine la intención de diluir los acuerdos alcanzados en la AGA.
Aseguró que están a la espera de la propuesta que les haga el gobierno federal y el Inai: Nosotros esperamos una propuesta de acciones y cómo reaccionen en la SFP y los comisionados del Inai.
Por El Universal