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El límite de las protestas sociales debe ser la ley: Canaco Tuxtla

El límite de las protestas sociales debe ser la ley: Canaco Tuxtla

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El Estado/Agencia

Empresarios y comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) de Tuxtla Gutiérrez, reiteraron que cualquier persona tiene el derecho de manifestar sus ideas, así como de respetar a quienes piensan diferente, sin embargo, consideraron que las protestas no deberían afectar a terceras personas ni al patrimonio de la sociedad.

“En ese sentido, desde Canaco Tuxtla hemos hecho diversos y recurrentes llamados al diálogo y a la negociación ante cualquier problemática que pudiera evolucionar en conflicto social, con el fin de abonar a la preservación de la armonía entre la ciudadanía, y, de igual forma, hemos solicitado a las autoridades pertinentes su acción para proteger el patrimonio privado o público, y garantizar la prevalencia del Estado de Derecho, evitando el daño al desarrollo de nuestra ciudad y de todo Chiapas.”

Al respecto, dijeron que el límite para los grupos inconformes es la ley, misma a la que toda la sociedad debe apegarse y, cuando esta se trasgrede –señalaron- debe evitarse un problema mayor, pues de lo contrario este tipo de actos puede replicarse hasta convertirse en situaciones difíciles de erradicar.

“Por ello, reconocemos las acciones de la autoridad destinadas a evitar la afectación de vías de comunicación y patrimonio privado, buscando siempre que se realicen con apego a los derechos humanos, civiles y en estricto cumplimiento del marco legal.”

Enfatizaron que ni en Tuxtla Gutiérrez ni en ningún rincón del estado de Chiapas, nada ni nadie puede ni debe estar por encima de la ley.

Cabe recordar que el jueves pasado, policías estatales y municipales desplegaron un operativo policiaco y detuvieron a 236 jóvenes de la Coordinación de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas (CENECH) por realizar disturbios en la capital del estado.

Esto ocasionó que otros estudiantes y padres de familia arribaran a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir la liberación de los normalistas, quienes previo a su detención, tenían en su poder autobuses secuestrados y productos que habían sustraído de distintas tiendas de conveniencia.

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