Por unanimidad, el Senado aprobó una minuta para reformar el artículo 284 bis del Código Penal Federal que sanciona hasta con 12 años de cárcel y multas de hasta 300 mil pesos a quien lleve a cabo actividades de cobranza por medio de violencia o intimidación.
En el dictamen establece que se castigará de uno a cuatro años de prisión a quien lleve a cabo la actividad denominada cobranza extrajudicial ilegal, es decir, por medio de la violencia, intimidación, ya sea personalmente o por otro medio, para requerir el pago de una deuda de las actividades reguladas en las leyes federales.
No obstante, se considerará como agravante y la pena aumentará dos años más y la sanción económica ascenderá a 450 mil pesos, cuando se utilicen documentos o sellos falsos para tales fines.
También es una agravante si la persona que realice esta cobranza extrajudicial ilegal, incurre en el delito de usurpación de funciones o de profesión, que es sancionado con uno a seis años de prisión.
La reforma no considera como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.
La minuta, presentada por el senador Jesús Casillas (PRI) en 2012, fue turnada al Ejecutivo para su promulgación y entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En entrevista Casillas dijo que la iniciativa resuelve un vacío que había en las leyes para sancionar este tipo de conductas.
En México tenemos 50 millones de ciudadanos con algún crédito, bancario, hipotecario, de automóviles, y de acuerdo con la Condusef el 10%, unos cinco millones, se encuentran en moratoria y pueden ser susceptibles a este tipo de acciones ilegales, abusivas, incorrectas y que hoy se van a castigar de manera muy ejemplar a través de este cambio al Código Penal.
El senador expresó que hay casos de personas que se quejan que han llegado a sus viviendas ostentándose como policías judiciales que dicen tuvimos que hacer válido un crédito pendiente y si no lo pagan los van a arrestar o detener, cuando eso es falso.
Los integrantes de una familia son víctimas de presión, hostigamiento y de esta violencia verbal a la que son sometidos, y efectivamente ha habido casos en que es tanta la presión que muchas personas han llegado inclusive hasta el suicidio.
Dijo que también muchas empresas utilizan métodos previos de cobranza, pero hay otras que venden los adeudos y éstos caen en personajes que ni siquiera son abogados sino verdaderos coyotes, que en vez de buscar el pago en un proceso judicial utilizan amenazas.
Casillas dijo que esta reforma se complementa con la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, donde se estableció que las cobranzas extrajudiciales tiene horarios de las 07:00 horas a las 21:00 horas.
Con mecanismos en los cuales a través de una carta hacer del conocimiento que se tiene un adeudo, sin lastimar la dignidad de las personas, lograr el pago correspondiente, dijo.
Por El Universal
