Gerardo Villanueva Toledo escribió: La Prevención Social de la Violencia, un tema que el gobierno debe retomar seriamente
Gerardo Villanueva Toledo/Trascender Online Opinión
@gevito120381
Antes de 2012, las instituciones de seguridad pública en México hablaban de la prevención del delito, mientras que en el mundo ya se había definido que el delito no puede prevenirse, puesto que por su propia naturaleza consiste en un acto u omisión consumados; fue hasta el año 2012, durante el Gobierno de Felipe Calderón, que nuestro país adoptó el concepto de Prevención Social de la Violencia, cómo el término correcto para describir el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia.
Es así cómo el Gobierno de la República reconoció por primera vez que el combate a la delincuencia no podía consistir solo en tareas de reacción o mitigación por medio de la fuerza pública, sino por el contrario, era importante generar políticas transversales que garantizaran a los individuos un entorno social libre de violencia y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Dentro de los primeros logros que nuestro país alcanzo en éste rubro, fue la emisión de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y su Reglamento, en los cuales se definió la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas que las instituciones realizarían en sus diversos ámbitos de competencia; así cómo la creación de los Centros Nacional y Estatales de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, cuyo objetivo básico es el de desarrollar programas y lineamientos en materia de prevención y promover la participación de la comunidad en dichos temas.
El proyecto consistía en que las Instituciones Públicas asumieran una nueva visión de la prevención, entendiendo que su mayor objetivo era el de fortalecer la cohesión social y construir comunidades seguras, incrementando las capacidades de las personas para hacer frente a contextos adversos; así cómo promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, de manera que se mejorara la confianza entre ambos actores sociales.
A 5 años del cambio de paradigma en el tema de la prevención, los objetivos del proyecto no se han consumado, por el contrario, el cambio de Gobierno modificó el rumbo de la coordinación entre Entidades Federativas y la homologación de las acciones propias al tema.
En Chiapas, actualmente no se conoce el Programa Estatal de Prevención del Delito, aún cuando los artículos 7°, fracción IV, 13, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 15, fracción I, y 27 de la Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Chiapas, establecen que el Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá formularlo y velar por su implementación; sin embargo, en la página del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (http://prevencion.chiapas.gob.mx/programaspreventivos) únicamente se encuentran publicados los 11 programas que ejecuta en forma aislada y que son una reproducción fiel de Policía Ciudadano Solidario, Recuperación de Espacios Públicos y Escuela Segura, entre otros, los cuales fueron creados y ejecutados durante la administración del Gobernador Juan Sabines Guerrero, por lo que no ha existido ninguna innovación al respecto. En el siguiente link podrá cotejar los proyectos del sexenio pasado http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/207/1/images/Chiapas_Unidad_Prevencion_del_Delito_Participacion_Ciudadana_Apoyo_Instancias.pdf
Asimismo, cabe señalar que de conformidad a las Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf), el actual Gobierno Federal priorizó la atención de polígonos de seguridad que no son más que colonias de alto índice delictivo en los principales municipios de la nación; en nuestro Estado el programa solo benefició en 2014 a Tuxtla Gutiérrez (03 colonias) y Tapachula (48 colonias), por lo que con dicho programa resulta insuficiente atender la realidad de cada región económica del Estado, siendo necesario un programa estatal.
Actualmente, el descontento social ha crecido ante la falta de solución a los problemas de inseguridad, desempleo, corrupción, impunidad y falta de asistencia médica, factores que han debilitado la credibilidad de las instituciones locales; para nadie es desconocido el lamentable suceso del día 01 de abril de éste año, en donde dos personas arrojaron bombas molotov a una imprenta, con la intención de terminar con la vida del propietario y su menor hijo; actos cómo éste han sido una constante para los Chiapanecos durante los tres últimos años y bien harían las instituciones en retomar el tema para combatir los factores de violencia que pueden rebasar a las instituciones ante la impotencia de los ciudadanos para hacer frente a gente que puede atentar contra su vida.
