El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma que tipifica y sanciona la violencia política en contra de las mujeres en México, incluso en pueblos y comunidades indígenas.
En la sesión ordinaria se reformaron diversas disposiciones de las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales.
Se entiende por violencia política en razón de género la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.
El ilícito se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
Incluso en ningún caso los sistemas normativos de pueblos y comunidades indígenas podrán incurrir en discriminación o violencia política en razón de género.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estará obligado a realizar la difusión en los medios de comunicación de las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política en razón de género, así como la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre la erradicación de ésta.
Asimismo, se faculta a la Procuraría General de la República a promover y proteger a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de las mujeres, e incorporar sanciones para quienes cometan actos vinculados con la violencia política en razón de género.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI, promotora de esta reforma, expuso que la violencia física, psicológica o política hacia las mujeres no debe tener cabida en una democracia.
En tribuna dijo que hay casos documentados de candidatas que han sufrido el menoscabo de sus derechos por el simple hecho de ser mujer, lo cual no debe tener lugar en México.
Vía EL INFORMADOR
