CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El cable que publicó ayer la agencia Associated Press (AP), según el cual la administración estadunidense de Donald Trump pretendía utilizar la Guardia Nacional un cuerpo militar para detener indocumentados provocó mucha irritación en México; sin embargo, en el país el diseño de la política antiinmigrante fue producto del Ejército mexicano.
En 2013, la Secretaría de Marina (Semar) elaboró y coordinó el Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, y esta dependencia encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarea de coordinar las operaciones de control y vigilancia en la frontera de mil 149 kilómetros que México comparte con Centroamérica.
Su objetivo: Reducir la inseguridad y ordenar el flujo migratorio; en otras palabras, impedir el paso a los cerca de 250 mil centroamericanos que cruzan cada año de manera irregular la frontera sur, a través de los 704 cruces informales identificados, rumbo a Estados Unidos.
El programa, cuya copia obtuvo Apro, instruyó a autoridades militares y civiles que participaron en las operaciones. Tanto la Semar y Sedena, como instituciones que pertenecen a las secretarías de Gobernación (Segob) Policía Federal (PF), Instituto Nacional de Migración (INM) y Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) y de Hacienda y Crédito Público (SCHP) participarían en las labores de contención migratoria.
Entre 2013 y 2016, la Semar realizó 3 mil 102 operativos migratorios de apoyo al INM, un promedio de dos por día. 502 de ellos fueron operativos marítimos y los 2 mil 600 restantes se llevaron a cabo en tierra, de acuerdo con el oficio 1352/16 que esta dependencia entregó a Apro en respuesta a una solicitud de información.
En julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur, que presentó como una estrategia transversal de desarrollo de los estados fronterizos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, denunciaron la militarización de la frontera y el incremento de los abusos contra los migrantes.
Entre julio de 2014 y el pasado mes de diciembre, las autoridades mexicanas deportaron a 377 mil 599 migrantes de origen centroamericano, un promedio de 419 por día.
Contención
En el programa, la Semar dividió la región sureña del país en tres zonas, delimitadas a su vez por tres líneas: una de Control Fronterizo en las inmediaciones de la frontera, otra de Control Interno y la última de Contención que parte de Salina Cruz, Oaxaca, y atraviesa el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, Veracruz.
La línea de contención tiene el objetivo de contener hacia el interior del país el tráfico ilícito de personas y bienes, mediante el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), fijas y móviles.
El programa planteó la creación de cinco Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) integrados por antenas de la Semar, la Sedena, el INM, el Cisen, la PF, la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades municipales y estatales, así como de la Administración General de Aduanas (AGA) en municipios de Chiapas y Tabasco.
Otro punto del programa de la Semar estableció las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos en Contra de Migrantes en los cuatro estados fronterizos, las cuales tienen la misión de investigar las agresiones contra los indocumentados.
También consideró una vertiente de Tecnificación de la vigilancia en la frontera sur, que instruía a utilizar drones para vigilar la frontera, así como la instalación de sensores, detectores y sistemas de recolección de datos biométricos. Esta vertiente fue atribuida al Cisen el cual, en su momento, advirtió que no previó recursos para el proyecto dada la situación económica nacional.
Algunos de estos insumos fueron comprados a través de la Iniciativa Mérida, el acuerdo binacional firmado en 2007 por las administraciones de Felipe Calderón y George W. Bush, con el objetivo de que el gobierno de Estados Unidos asuma parte del costo económico de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
De acuerdo con el informe La Iniciativa Mérida y más allá, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense en febrero de 2016, el Departamento de Defensa entrenó y equipo a los militares mexicanos que patrullan en la frontera sur.
El Departamento de Estado proveyó recursos por 15 millones de dólares en equipos caninos y equipos de vigilancia para el monitoreo de los cruces fronterizos y planeó gastar por lo menos 75 millones de dólares adicionales.
Cooperación
En su informe de actividades Julio 2014-Julio 2015, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur afirmó que en los operativos del INM participaron la PGR, la Sedena, PF y Semar, además del gobierno de Chiapas.
Entre 2013 y 2016, la Policía Federal participó en 16 mil 623 operativos de migración junto con el INM, un promedio de 11 por día. Estos operativos derivaron en detenciones de migrantes, según el oficio PF/OCG/DGE/6356/2016, entregado a Apro por transparencia.
La PGR informó a este medio que apoyó en 14 ocasiones al INM entre 2015 y 2016, mientras que la dirección general de asuntos policiales e Interpol reportaron 12 operativos, del 2012 hasta 2016.
La Sedena, por su parte, aseveró a Apro que no localizó ningún documento o registro que contenga información sobre los operativos de apoyo al INM que realizó entre 2013 y 2016.
El Cisen considera que las características de la frontera sur mexicana favorecen la comisión de ilícitos como el tráfico de indocumentados, drogas, armas, personas, dinero ilegal, entre otros, aunado a la presencia de asentamientos irregulares en algunos puntos de la franja fronteriza que hacen propicio el comercio ilegal en la zona.
En un informe sobre la frontera sur, entregado a Apro en respuesta a la solicitud de información 0410000026016, el Cisen señala a Chiapas donde existen aproximadamente 56 cruces fronterizos vehiculares informales y más de 350 peatonales como la principal puerta de entrada para el tráfico ilegal de mercancías, drogas, personas, combustible, así como para la proliferación de organizaciones delictivas.
También identifica el municipio de Candelaria, en Campeche, como lugar estratégico para el tráfico de enervantes y personas.
Por Proceso
