El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, anunciado por Enrique Peña Nieto a pesar de ser firmado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fue rechazado por la Coparmex al considerar que estaba incompleto y carente de consenso social.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó que le falta profundidad, y aunque aclaró que no están en contra de él, este debió de realizarse con mayor conocimiento de lo que necesita la población mexicana.
El organismo detalló siete razones por las cuales no firmó el plan. La primera fue porque la situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, pero bajo un consenso de todos los sectores sociales, también porque se necesita estar más unido que nunca, en tercer lugar, en que el consenso no se puede construir en tres días, la cuarta razón, es que si bien urge un acuerdo, es más importante que sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública.
Podría cerrar la inflación en este año considerando la depreciación del peso, el crecimiento de los precios internacionales de los energéticos y una probable reducción de la inversión extranjera directa.
La quinta razón para no firmarlo fue porque el acuerdo carece de metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances; el momento exige que todos los actores asuman compromisos concretos en beneficio del país y por último que el Gobierno esté obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto.
El organismo indicó que no estaba en condiciones de suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente.
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco, destacó que sí firmó el Acuerdo, pero antes de esto lo rechazó cuatro veces.
Uno de los temas criticados era que la Profeco implementara casi un control de precios y con acciones de observación y vigilancia, subrayó.
Por su parte, Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope CDMX, destacó que son una lista de buenas intenciones, y manifestó su desconfianza en que se cumpla.
Subió el diésel a partir del primer minuto de este año respecto al precio de diciembre pasado y se espera que aumente nuevamente alrededor de ocho por ciento a partir del cuatro de febrero.
Para Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, expresó que por medio del Acuerdo el gobierno debe dar respuestas a la sociedad, que se comprometa, que sea honesto que dé resultados concretos y no más metas incumplibles.
El problema es lo que viene
Los acuerdos económicos son insuficientes para detener lo que viene para la economía mexicana en los próximos meses, indicó Ernesto OFarril, presidente de Bursamétrica.
Advirtió que no sólo es el tema de los gasolinazos es el que preocupa para la economía, sino también la toma de posesión presidencial en Estados Unidos el 20 de enero y las medidas económicas que quiera implementar Donald Trump, como los ajustes fiscales y comerciales.
Para Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, la inflación se combate con política monetaria y una buena política de competencia, no con buenas intenciones y en todo caso, el aumento en los precios de las gasolinas será temporal y no permanente.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno federal en el Acuerdo carecen de claridad y no van al fondo para atender la crisis política, económica y social que aqueja al país.
Indicaron que las propuestas no son novedosas e insistieron que una respuesta de fondo frente a la presente coyuntura detonada por el alza de los precios de los combustibles es ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a éstos.
Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, dijo que el plan es una propuesta de juguete que no atiende de fondo las causas que el alza a las gasolinas generará en los bolsillos de las familias mexicanas.
Por El Financiero
