El Estado/Agencia
Este domingo, a través de su conferencia dominical el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debió hacer un consenso en cada entidad federativa para conocer las posturas respecto a la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Dijo que los jueces debieron tomar en cuenta a todos los mexicanos para tener una respuesta general de la realidad concreta de cada estado del país para después determinar su accionar. Asimismo, el representante católico, sostuvo que la postura del clero no es discriminatoria, pues no están en contra de que las personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual vivan en pareja, pero sí de que se unan mediante el matrimonio.
Para nosotros el derecho que ellos vivan juntos no estamos en contra, pero el tema del matrimonio es de hombres y mujeres, enfatizó.
Agregó que de ninguna forma están violando lo mandatado en el artículo primero de la Constitución que habla sobre el respeto a los derechos humanos de cada individuo, por lo que puntualizó que lo expuesto en dicha ley no significa que deba modificarse la esencia del matrimonio.
que se olvide el espirito del constituyente que en el artículo cuarto, primer párrafo, de la propia ley fundamental, reconoce la igualdad entre el barón y la mujer, donde establece el deber legal de proteger el desarrollo y organización de la familia, acotó.
Por esta razón (continuó) la SCJN no debe promover nuevas formas de matrimonio, sino proteger a la familia (tradicional conformada por un hombre y una mujer).
El arzobispo, mencionó que la convicción de la iglesia católica está sustentada con razones científicas, sociales y religiosas, lo que respaldó al señalar que un matrimonio debe fundarse entre un hombre y una mujer por su capacidad procreativa, ya que de esta forma se garantiza la supervivencia de la sociedad.
Finalmente, opinó que las autoridades deberían buscar otras alternativas antes de aprobar los matrimonios igualitarios y que la SCJN no debería actuar como la dueña de las decisiones, sino como un ente que debe conocer la opinión de la población para después tomar determinaciones.