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Gobierno de Chiapas adeuda a Ingenieros Civiles 150 mdp

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Efraín Gurría Penagos, informó que actualmente el gobierno les debe 150 millones de pesos a los agremiados.

El Estado/Agencia

A pesar que en el Congreso Local se trabaja una iniciativa de Ley sobre la Obra Pública, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Efraín Gurría Penagos, informó que actualmente el gobierno les debe 150 millones de pesos a los agremiados.

Señaló que, actualmente, estos profesionistas atraviesan una crisis importante y el panorama no es nada favorable, porque un gran número de ellos (80 por ciento) no tienen empleos en la entidad.

“En lo que es la industria de la construcción hay más de 36 ramas que dependen de lo que genera la construcción, todos los sectores están involucrados y además vivimos en un estado donde el 95 por ciento de los chiapanecos depende de lo que eroga el gobierno”, lamentó.

Dijo que  la iniciativa de ley que trabajan diputados locales, sobre el tema de la obra pública, es un proyecto en el que ellos han insistido que ya se aplique en la entidad.

Explicó que es necesario que la Ley de Obra Pública del Estado no solo se modifique, sino también que se aplique de manera íntegra, para que las construcciones sean asignadas a los empresarios chiapanecos.

Además, comentó que el objetivo principal de este documento es que haya transparencia en la adquisición de obra pública y que los proyectos sean repartidos al mayor número de constructores locales.

Gurría Penagos puntualizó que, debido a la actual situación económica, urge que se apruebe un fideicomiso para que el recurso se ocupe en la construcción y no se destine para otros fines.

Ante los rumores de que son las compañías nacionales las que abarcan todas las actividades porque están mejor preparadas, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, comentó que es falso porque en el estado está la calidad y cantidad de profesionistas necesarios para atender cualquier necesidad.

Finalmente, hizo un llamado a los diputados locales para que aprueben la modificación a la Ley de Obra Pública para que sea de beneficio real, para que no se repitan actos de corrupción en la asignación directa de obras a familiares o amigos de las autoridades municipales.

 

 

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